El órdago de Junts obliga a Feijóo a retratarse ante normas europeas aprobadas por el PP en Bruselas
Una semana después de que el expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, anunciara una ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez que fue recibida con escepticismo por el Ejecutivo, su formación ha anunciado un bloqueo a más de cincuenta normas aprobadas por el Consejo de Ministros o por los partidos que lo componen, PSOE y Sumar. La encargada de anunciarlo fue su portavoz en el Congreso, **Miriam Nogueras** , que aseguró que a partir de este momento la "legislatura queda bloqueada" porque los siete diputados de su partido—claves para la mayoría parlamentaria— no solo vetarán cualquier ley que venga del Gobierno, sino también el proyecto de Presupuestos Generales. "**No habrá negociación, ni acuerdos"** , aseguró la portavoz de Junts, que también descartó dar su apoyo al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de cara a una eventual moción de censura.
Lo que busca la formación independentista es aumentar la presión sobre un Sánchez que, hasta la fecha, ha minimizado sus órdagos. También este último, ya que fuentes del Ejecutivo insistían tras el anuncio en que tienen la "mano tendida" a todos los partidos. "El Gobierno mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el conjunto de España". Nogueras, sin embargo, aseguró en su comparecencia que ya "**no hay margen" para negociar nada y que la gobernabilidad de España les da igual**.
La amenaza de Junts afecta a iniciativas tan importantes para Moncloa como la ley que reforma el sistema de justicia para dejar las investigaciones en manos de los fiscales, impulsada por el ministro Félix Bolaños, o la nueva ley de secretos oficiales, la de industria, una norma para proteger los derechos de los consumidores, una reforma del sistema financiero, otra reforma sobre el sistema electoral y varias transposiciones de directivas europeas. Estas últimas**** establecen **objetivos que todos los Estados miembros deben cumplir,** pero otorgan libertad para elaborar, modificar o revisar cuantas leyes y normas sea necesario para alcanzarlos mediante su transposición al ordenamiento jurídico nacional.
Concretamente hay **siete directivas europeas** que actualmente se encuentran en trámite parlamentario tras ser aprobadas por el Consejo de Ministros y que se incluyen en el listado facilitado por Junts a la prensa: la ley de información empresarial sobre sostenibilidad; la de acciones colectivas para defensa de consumidores; la de administradores y compradores de créditos; la norma sobre comercio de emisiones de GEI (mod. Ley 1/2005); una norma para la transposición de la Directiva UE 2024/1226; la de responsabilidad patrimonial por daños derivados de infracción del Derecho de la UE y la ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.
Todas ellas se aprobaron en el Parlamento Europeo con una amplía mayoría y **contaron con el voto a favor de los eurodiputados del PP español,** según ha podido comprobar **infoLibre**. Sin embargo, ahora desde la dirección de Feijóo aseguran que "no van a salvar al Gobierno de perder en el Congreso", aunque eso implique oponerse a las mismas leyes que han ratificado en Bruselas. "Que Sánchez se cueza en el puchero que le ha preparado el independentismo que les aupó", trasladan a **infoLibre** fuentes del equipo del líder del PP, que también destacan que Feijóo ya advirtió de que Sánchez "no fuera a buscarlo" cuando sus socios lo abandonasen. Así, priorizarán la derrota parlamentaria del Gobierno frente a los compromisos europeos.
¿Y qué podría implicar para el gobierno que estas directivas no se aprobaran? Cuando la Comisión Europea detecta que un país está incumpliendo la legislación comunitaria puede abrirle **un procedimiento de infracción**. En caso de que no le convenzan las explicaciones del Estado afectado, la Comisión presenta **ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE****)** un recurso por incumplimiento. Si el Tribunal de Justicia decide que se ha producido una infracción de la normativa europea, **el Estado debe aplicar la sentencia lo antes posible**.
Si no lo hace, la Comisión tiene **la opción de recurrir de nuevo al TJUE** y solicitar que se condene al Estado al pago de **una multa coercitiva** hasta que cumpla lo ordenado por el tribunal. A veces, la Comisión y el TJUE actúan con enorme celeridad pero en otras ocasiones los procedimientos de infracción se eternizan. En el caso español, en agosto de este año la Justicia europea condenó a España a afrontar una multa de más de 6,8 millones de euros por no haber transpuesto a tiempo la Directiva europea sobre la conciliación de la vida laboral y familiar de progenitores y cuidadores, que obliga a realizar esta mejora en los permisos laborales por nacimiento, adopción y cuidado de hijos.
Pese a compartir el fondo, el PP incide en el choque frontal contra el Ejecutivo, una estrategia que llevan practicando toda la legislatura. Cuando llegó a la presidencia del PP hace ya más de tres años, Feijóo **prometió desterrar el frentismo** y abrir una nueva etapa donde fueran posibles los pactos de Estado. Pero lo cierto es que ese giro nunca llegó a producirse y lo que prioriza es el choque con el Gobierno de Sánchez. La prueba es que en esta legislatura apenas se han firmado acuerdos con la firma de los dos grandes partidos, más allá cuestiones puntuales como el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la presión de Bruselas y la reforma del artículo 49 de la Constitución y eliminar el término "disminuidos".
En esta legislatura el PP —junto a Vox y Junts— ha logrado tumbar varias normas del Gobierno como la ley del suelo, **la reducción de jornada laboral** y la proposición de ley abolicionista con la prostitución —que no pasaron, si quiera, la admisión a trámite—, la reforma de Ley de Extranjería, la de testamento vital y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular el alquiler de temporada, además de reales decretos como el subsidio por desempleo, el impuesto a las energéticas y el paquete ómnibus. En este último caso, el Gobierno se vio obligado a volver a aprobarlos y negociar con los partidos. De esa negociación con Junts se acordó delegar las competencias de inmigración a Cataluña. Una reforma que el Congreso tumbó el pasado mes de septiembre con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
En clave europea en estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones comunitarias, aunque**no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato**. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional **suscitaron críticas contundentes** por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco la amnistía. También intentó impedir el nombramiento de la exministra Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea, pero finalmente el PPE le dio un voto de confianza, al contrario de lo que hicieron los europarlamentarios españoles, que votaron en contra. Una dualidad que se ha dado en más de una ocasión.
