Víctimas protestan por permiso penitenciario concedido a Kote Cabezudo Las víctimas del fotógrafo donostiarra Juan José 'Kote' Cabezudo han convocado una concentración frente a la cárcel de Martutene en protesta por la concesión de un permiso de tres días sin control policial a un condenado por dos agresiones sexuales, cinco delitos de pornografía infantil y uno de estafa. Cabezudo aún no ha cumplido ocho de los veinte años de prisión que debía cumplir según la sentencia, que en total ascendía a 28 años y dos meses. Las víctimas, representadas por la plataforma Indarka, denuncian privilegios injustificados, señalando que el recluso habría salido supuestamente semiescondido en un vehículo y no como los demás internos, que son recogidos por sus familiares en la puerta de la prisión. La condena incluye además la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas durante diez años y el pago de indemnizaciones por un total de 116.000 euros. La fiscalía había solicitado más de 200 años de prisión, mientras que la acusación particular elevó la petición a 2.627 años, aunque los jueces solo consideraron probadas dos agresiones sexuales y cinco delitos de pornografía infantil. La noticia refleja la indignación de las víctimas frente a la percepción de privilegios dentro del sistema penitenciario y plantea un debate sobre la gestión de los permisos para condenados por delitos sexuales graves.

Víctimas protestan por permiso penitenciario concedido a Kote Cabezudo

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#prisiones #agresionessexuales #derechosdelasvíctimas

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"Ya no somos los mismos". 🇸🇻 El Salvador ha pasado de estar al borde del colapso por la violencia a una reinvención vital.


#ElSalvador #Bukele #SeguridadNacional #Libertad #Paz #SinMiedo #Prisiones #OposicionesPrisiones #Motivacion #FuncionarioDePrisiones #CambioSocial

Mientras el mundo mira con temor al CECOT, en El Salvador existe una cárcel donde los presos manejan cuchillos y machetes sin escoltas. 

Credits:
     Music: Trap by Soundridemusic
     Link to Video: https://www.youtube.com/watch?v=gWfvYW9Qlzk

#Bukele #Mariona #Prisiones #ElSalvador  #CECOT

"Ya logramos lo imposible, pero nuestro trabajo apenas comienza". 🇸🇻

El Salvador ha dejado de ser el país de las pandillas para convertirse en el ejemplo que inspira al mundo. 

#ElSalvador #Bukele #SeguridadNacional #MilagroSalvadoreño #Prisiones #Oposiciones  #FuncionarioDePrisiones

Motines de la COPEL
El 21 de febrero de 1977, la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), de carácter libertario, provoca disturbios en las prisiones españolas.
#COPEL #MemoriaHistórica #Prisiones #LuchaSocial #21F #TransiciónEspañola #LibertadPresos

¿Qué implica la semilibertad de Carasatorre desde el 2 de enero? Carasatorre, condenado por matar a Gregorio Ordóñez, sale de lunes a viernes por el 100.2. Qué implica y por qué Covite estalla en Euskadi … Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesin...

¿Qué implica la semilibertad de Carasatorre desde el 2 de enero? #18defebrero #felizmiercoles #GregorioOrdonez #Carasatorre #Covite #ConsueloOrdonez #ETA #Euskadi #Justicia #Prisiones #ReglamentoPenitenciario #Semilibertad #SanSebastian #PoliticaEspana donporque.com/semilibertad...

[Cartel de las charlas anticarcelarias del jueves 19 en Barcelona.]

[Cartel de las charlas anticarcelarias del viernes 20 en Barcelona.]

[Cartel de la marcha por Cuatro Caminos el sábado 21 en Granollers y las charlas anticarcelarias el domingo en Tarragona.]

«Contra las Prisiones y una Sociedad que las Necesita»

Esta semana se celebran una preciosa serie eventos anticarcelarios en Cataluña. 😍

Me vendría fatal ir a ellos como que en cualquier sentido que pudiera evaluarse, pero vaya si dan ganas. ^^

• Charlas […]

[Original post on kolektiva.social]

El grupo de españoles presos liberados por Venezuela aterriza en Madrid Ninguno de los cinco excarcelados ha querido hacer declaraciones ya que “tienen restricciones”, según el portavoz de la familia de uno de ellos

La madre de Miguel Moreno, preso español liberado en Venezuela: “Estoy en una nube” El marino y periodista canario está ya en la Embajada de España en Caracas y su familia lo espera en Las Palmas de Gran Canaria

Venezuela libera a cinco presos españoles Los excarcelados son los vascos Martínez Adasme y Basoa, el canario Moreno, el valenciano Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel

¡Y lo logró! Picó un muro oculto tras un montón de piedras y salió libre. Cumplieron la promesa y hoy es una leyenda del ingenio.
#MoondyneJoe #HistoriaCuriosa #Australia #HechosReales #Curiosidades #Prisiones #Ingenio

Transmuros presenta en Zaragoza su nueva editorial centrada en la resistencia carcelaria El colectivo Transmuros dará a conocer el 10 de enero en la AV Arrebato un proyecto editorial que apuesta por los fanzines carcelarios, la poesía desde prisión y los manuales de autodefensa frente al sistema penal punitivo La entrada Transmuros presenta en Zaragoza su nueva editorial centrada en la resistencia carcelaria aparece primero en AraInfo · Diario Libre d'Aragón.

Semana intensa en prisiones: polígrafo obligatorio al personal para frenar la corrupción, primer permiso de Triana Martínez (caso Carrasco) y colapso en la cárcel de Mansilla con un 30% más de internos.

#Prisiones #TrianaMartinez #Poligrafo #Hacinamiento #Funcionarios #Justicia

Interior se encomienda a la sanidad privada para cubrir el agujero de médicos en las cárceles Viernes, 23 de diciembre. Una dotación del Samur irrumpe, a media mañana, en la Plaza de las Cortes. Allí, a escasos metros de la estatua de Miguel de Cervantes que se alza frente a los leones del Congreso de los Diputados, varios efectivos sanitarios atienden a un hombre de mediana edad en una suerte de campamento improvisado. Se llama Honorio Gómez Alfaro. _Pope_ para los amigos. Está desde la pasada semana en huelga de hambre y quiere mantenerla, como mínimo, hasta el día 30. **Lo hace para denunciar el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria**. Una falta de médicos que está obligando al Ministerio del Interior a recurrir a empresas privadas para intentar garantizar el acceso de los presos a un derecho fundamental. **"Me veo en la obligación moral de hacerlo. Muchos enfermos no están siendo atendidos"** , lanza en conversación telefónica con **infoLibre**. No es la primera vez que emprende un ayuno. Ya lo hizo en numerosas ocasiones estando en prisión. Porque _Pope_ , como todos esos "chavales" para los que pide atención, sabe bien cómo es la vida a la sombra. Curtido en las protestas estudiantiles de finales de los ochenta, aquellas que hicieron famoso al _Cojo Manteca_ , Gómez, que con nueve años huyó de casa y de su padre, ha pasado más de dos décadas tras las rejas. Media vida. "No por delitos de sangre ni terrorismo, sino por delitos comunes", explica. Trapicheo, atentado contra la autoridad o algunos robos "para sobrevivir". Apasionado de la artesanía, _Pope_ salió de la cárcel sin el dedo meñique, que le fue amputado junto a una parte de la mano. El terrible desenlace no fue consecuencia de la enfermedad degenerativa que padecía, sino que se debió a los múltiples retrasos a la hora de someterle a una intervención quirúrgica que lo hubiera evitado. De hecho, así lo sentenció la Audiencia Nacional en enero de 2020, cuando condenó a Instituciones Penitenciarias a indemnizar con 10.000 euros al hombre: "Los medios sanitarios para paliar la referida enfermedad **sufrieron un notorio retraso, por lo que su efectividad quedó enervada por la demora en su aplicación** ". Una década después de que _Pope_ volase, al fin, libre, la sanidad penitenciaria continúa teniendo serios problemas. En las cárceles, al igual que ocurre en los centros de salud y hospitales de todo el país, faltan médicos. Y así se plasma en numerosos informes elaborados por los propios centros penitenciarios. **"De un tiempo a esta parte se ha venido produciendo una falta paulatina de profesionales médicos"** , expone, por ejemplo, la directora del Centro Penitenciario de Algeciras para justificar la contratación de una empresa privada que se haga cargo de la asistencia y atención médica de urgencias de los internos. La licitación, publicada la pasada semana en la Plataforma de la Contratación, tiene un presupuesto base de 59.700 euros. Y permite hacerse una idea del estado en el que se encuentra la prisión gaditana. "La relación de puestos de trabajo consta de nueve efectivos, pero estando solo tres plazas cubiertas", explica el pliego de prescripciones técnicas. E insiste: "Mediante la contratación de asistencia sanitaria externa **se pretende paliar la falta paulatina de profesionales médicos en los centros penitenciarios** , situación agravada por la epidemia de covid-19 que ha empeorado la situación ya de por sí precaria". No se trata de un problema puntual. Es un agujero del sistema que el Ministerio del Interior va parcheando a través de la privada. En el último año se han formalizado, por ejemplo, contratos similares de asistencia sanitaria para las cárceles de **Alicante, Málaga o Valdemoro** –en esta última, solo dos de los diez puestos estaban cubiertos, si bien en ambos casos los profesionales se encuentran de baja–. También se ha buscado externalizar dicha asistencia en el **Centro Penitenciario Puerto de Santa María III** , **donde sólo disponían de tres de ocho efectivos**. Aunque en este caso la adjudicación quedó finalmente desierta. Pese a esta realidad, desde Instituciones Penitenciarias se esfuerzan por dejar claro que los más de 60.000 presos y presas **"tienen garantizada la atención sanitaria"**. Incluso en las situaciones más "complejas", cuando son "derivados a los hospitales de referencia". Y recuerdan que la oferta de empleo público para facultativos de Sanidad Penitenciaria es "constante". El problema, sin embargo, es que muy pocos apuestan por dicha oposición. "Es de las pocas en la que se presenta menos gente que plazas se ofertan", explica en conversación con este diario José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En alguna convocatoria, han llegado a quedar desiertas hasta un 91% de las plazas. La clave está, según Antón, en las condiciones de trabajo. "¿Quién va a ir a la cárcel para ganar menos dinero?", asevera. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de _pagadores_. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La **Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003** dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho. "Si lo hiciesen, ¿habría problemas para contratar? Pues seguramente sí, nadie tiene ahora superávit de médicos. Pero al menos estarían todos jugando en las mismas condiciones", asevera Antón, quien insiste en que fuera de esos tres territorios la sanidad penitenciaria **es, en estos momentos, "un calvario"**. Mientras tanto, una lona blanca atada frente al Congreso de los Diputados recuerda, al igual que _Pope_ , que "el abandono médico es tortura". Sea en la calle o tras los barrotes, donde en la última década han fallecido, según los datos de Instituciones Penitenciarias, 1.749 reclusos.

En el #AulaDeCultura en #prisiones en #SotoDelReal este fin de semana hablando de Ética Pública e Integridad
#voluntariado con SOLIDARIOS #ong Una vez más, una experiencia estimulante 👌👌👌

¿Te imaginas una cárcel funcionando desde 1707? 

La prisión de Ocaña es la más antigua en activo de España. Durante la dictadura fue conocida como "La Prisión de la Muerte"
#HistoriaDeEspaña #Prisiones #Ocaña #Curiosidades #FuncionarioDePrisiones

¿Sobrevivirías con 10 personas en una celda de 4m²? 😱 En el "Hilton de Bangkok" esa es la realidad diaria.

👇 EL INFIERNO ESTÁ AQUÍ: https://youtu.be/vY4-oPt7_JA

#Prisiones #BlackDolphin #Cárceles #Miedo #FuncionarioDePrisiones #Documental

Los archivos secretos de Damasco: miles de fotografías revelan la maquinaria de muerte del régimen de Bachar el Asad en Siria En las cárceles sirias hubo detenciones y asesinatos masivos hasta la caída del dictador, como desvela una investigación internacional en la que participa EL PAÍS

Ábalos y el padre Paulino Para el capellán de la prisión de Soto del Real el exministro es un alma cándida, carne de misión andante. Robar, habrá robado lo suyo, pero no ha matado a nadie

¿Cobran algo Ábalos y Koldo por estar en la cárcel? Sueldo de un preso en España 2025: horas, nóminas, peculio y límites, y lo que pueden cobrar Ábalos y Koldo en Soto del Real, con base legal. En España no existe una paga por el simple hecho de estar ...

¿Cobran algo Ábalos y Koldo por estar en la cárcel? #Prisiones #SotoDelReal #Ábalos #Koldo #TrabajoPenitenciario #SMI2025 #Peculio #España #Reinserción #Justicia #2dediciembre #felizmartes #Economato #TPFE #CIRE
donporque.com/cobran-algo-...

🚨 TRIANA MARTÍNEZ PISA LA CALLE 🔓

El juez concede el primer permiso a la condenada por el crimen de Isabel Carrasco. Tras años en Villabona, sale al exterior. Polémica servida. 🔥


#TrianaMartinez #CasoCarrasco #Prisiones #UltimaHora #Justicia

Toma de huellas, registro de pertenencias... los primeros pasos de Ábalos y Koldo García en la cárcel El protocolo penitenciario que se aplica a todos los reclusos a su llegada incluye entrevistas con técnicos del centro para determinar en qué módulo son ingresados

Feijóo convoca otra concentración contra Sánchez: “Es la manzana podrida” El líder del PP sostiene que la decisión del juez Puente de enviar a prisión a Ábalos y Koldo “no es un hecho aislado”

📢 ¡Última oportunidad para aspirantes a funcionarios de prisiones!
⚖️Récord en requisa: Funcionarios han decomisado 500 pastillas de anabolizantes.
🚨Funcionarios advierten fallas graves en vigilancia

#España #Funcionarios #Prisiones #Justicia #CSIF #Acaip #MareaBlava #TAMPM

Cerdán al salir de la cárcel: “Hay muchas manipulaciones. Confío en que la verdad se imponga” El Supremo deja en libertad al ex secretario de Organización del PSOE al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas

La Fiscalía francesa pide la puesta en libertad bajo control judicial de Sarkozy La decisión del tribunal sobre la concesión de la libertad provisional al expresidente se conocerá a las 13.30

'Proyecto PRISIONES' 2025: La información como eje central - Huelva Acoge Publicación escrita por Miguel Polo. Técnico profesional de Huelva Acoge.

📌En nuestra entidad, a través del proyecto #Prisiones atendemos a personas extranjeras en situación de alta vulnerabilidad en el centro penitenciario de #Huelva.

👉Si queréis conocer más sobre este #proyecto que apoyamos desde @huelvaacoge.bsky.social, pasaros por nuestra página web.

🏛️ España cuenta con 65 cárceles y más de 46.500 interno, pero hay una prisión que destaca sobre todas 👀.

👉 Picassent (Valencia) es la más grande del país, con 2.127 reclusos — ¡casi el 5% de todos los presos de España! 

#Cárceles #España #Prisiones #Picassent #Noticias

Ayuso se niega a gastar 13 millones del Gobierno central en ayudas sociales alegando que Interior le debe el triple La Comunidad de Madrid ha embargado dos subvenciones para personas dependientes y el fomento de la corresponsabilidad esgrimiendo un impago de 33 millones por parte de Instituciones Penitenciarias en concepto de asistencia médica a los presos en cárceles madrileñas La batalla judicial de Ayuso contra el Gobierno encalla en los tribunales El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen abierto un enfrentamiento a cuenta de dos subvenciones en materia social que el Ejecutivo concedió a la administración regional y que esta no ha empleado, y ha embargado, con el argumento de que el Ministerio del Interior le debe dinero. Estas subvenciones suponen 5,3 millones del Ministerio de Derechos Sociales para adaptar viviendas de personas dependientes y otros 7,7 millones de Igualdad, correspondiente a dos anualidades de un plan para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido embargar las dos subvenciones esgrimiendo que el Gobierno central, en concreto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– le adeuda más de 33 millones de euros por la asistencia médica de los reclusos ingresados en prisiones de la Comunidad de Madrid. Además, denuncia que el Ejecutivo central ha respondido al embargo bloqueando nuevas ayudas. El Tribunal Supremo resolvió en 2019 que las atenciones médicas deben ser sufragadas por la Administración central, que ejerce la competencia de Prisiones. Por otra parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor en 2003, estableció que los servicios sanitarios a los reclusos debían ser transferidos en un plazo de 18 meses a las comunidades autónomas, y que quedaran así integrados en su sistema de salud. A día de hoy, solo Catalunya –que ya había asumido la competencia de Prisiones–, Euskadi y Navarra cumplen con la transferencia establecida por la Ley. Madrid es una de las comunidades que sigue incumpliendo, veintidós años después, con la asunción de la asistencia sanitaria a los presos. El conflicto de la Comunidad de Madrid con el departamento que dirige Pablo Bustinduy por la subvención de 5,3 millones para dependientes ha llegado ya a los tribunales. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión del embargo. En el caso de las ayudas del Ministerio de Igualdad aún está vigente el plazo para una solución administrativa. La ayuda para la adaptación de los domicilios en Madrid de personas con discapacidad forma parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y está financiado con los fondos Next Generation, que liberó la Unión Europea para superar la crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. La subvención del Ministerio a la Comunidad de Madrid ascendía a 5.389.475,42 euros y fue aprobada en 10 de diciembre de 2021. El textual recogía: “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia”. Casi dos años después, el 22 de noviembre de 2023, el Ministerio solicitó a la Comunidad de Madrid que justificara el cumplimiento de la subvención para, en caso contrario y como está estipulado, iniciar el procedimiento de reintegro. El 24 de enero de 2024, Derechos Sociales recibió respuesta de la Comunidad: no había ejecutado los fondos y adelantaba que devolvería el monto de la subvención. La Secretaría de Estado de Derechos sociales hizo cuentas y le salieron 5.822.161,40 euros a reintegrar, el resultante del monto total de la subvención más 432.885,98 en intereses de demora. Pasaron los meses y en el verano de 2024 todo dio un giro. El 5 de agosto de ese año, la Comunidad de Madrid notificó a Derechos Sociales que procedía al embargo de 6.524.596,91 euros. Explicaba que el Gobierno central tiene una deuda con la Administración regional por los servicios sanitarios prestados a las personas internas en la prisión de Estremera (Madrid VII) entre los años 2015 y 2019. En realidad hay dos resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido porque el conflicto se reprodujo en Andalucía. Allí, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia la comunidad autónoma dio la razón a la Administración central. El asunto era tan enrevesado que hubo un conflicto previo entre las partes sobre qué vía judicial debería resolverlo, si la contencioso-administrativa o la de lo social. La sentencia de 2019 dictada por el Supremo dando la razón a Madrid cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados, Nicolás Maurandi. Este magistrado se pronunció a favor de que fueran las comunidades autónomas quienes corrieran con los gastos médicos de los presos, siempre que estos estuvieran afiliados o resultaran beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social. El Ministerio de Bustinduy reaccionó en el conflicto con la Comunidad con una reclamación económico-administrativa en la que advertía que, de seguir con el embargo, la Comunidad estaría causando “perjuicios de imposible o difícil reparación” porque la subvención sale de una partida de los Presupuestos Generales del Estado vinculados a un hecho concreto, en este caso la aplicación de las ayudas. La Junta Superior de Hacienda, el órgano económico-administrativo de la Comunidad de Madrid, inadmitió la suspensión del embargo. La resolución no entraba al fondo del asunto y se limitaba a señalar que “no hay acto alguno que pueda ser objeto de suspensión al haberse consumado ya el acto que se pretendía evitar”, en alusión al embargo. Ante esa decisión, Derechos Sociales contactó con la Abogacía del Estado para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad. Derechos Sociales alega esta circunstancia, el hecho de que el contencioso esté en los tribunales, para no pronunciarse al respecto. Es el mismo argumento que utiliza el Ministerio del Interior para abstenerse de comentar la deuda con la Comunidad de Madrid y la decisión de ésta de embargar las subvenciones de Derechos Sociales e Igualdad. ## La Comunidad denuncia “represalias” de Sánchez Para el Gobierno regional, la decisión de su Junta de Hacienda se traduce en un aval de los “tribunales” a la ejecución del embargo. Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ejecutivo de Ayuso denuncia que los dos embargos de subvenciones por parte del Ejecutivo central le han valido una “represalia del Gobierno de Sánchez”, que ahora “bloquea el abono de algunas ayudas” a la Comunidad de Madrid. Lo hace, añade, evitando que la Intervención General del Estado “borre” como deuda regional las dos subvenciones embargadas. Así constaría en los certificados de la IGAE negando la tramitación de ayudas y subvenciones. La Consejería de Hacienda de la Comunidad ya ha reclamado por escrito a la Intervención que cese en esa postura. Por otra parte, el Ministerio de Igualdad interpuso el 27 de septiembre de 2024 un recurso potestativo contra la diligencia de embargo de los 7,7 millones del Plan de Corresponsabilidad que han sido embargados, pero no recibió respuesta de la Comunidad, según fuentes del departamento de Ana Redondo. Recurrió entonces a la Junta Superior de Hacienda, pero esta rechazó la providencia de apremio. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Igualdad asegura que, de no modificar su postura en el plazo establecido, también recurrirá a la vía legal a través de la Abogacía del Estado. Tras la publicación de esta información, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, se pronunció al respecto. “El Gobierno nos adeuda muchísimas cosas, pero entre ellas el coste de la atención sanitaria de los reclusos, los tribunales nos han dado la razón y por eso no hemos pagado esas deudas. Esperamos que el Gobierno central asuma esos pagos. Pero no es solamente el pago de la sanidad de los reclusos, hoy cito la atención a la dependencia cuando debería asumir el 50% y solo asume el 27%”, ha dicho García Martín, **informa Jos é Precedo. **

Ayuso se niega a gastar 13 millones del Gobierno central en ayudas sociales alegando que Interior le debe el triple La Comunidad de Madrid ha embargado dos subvenciones para personas dependientes y el fomento de la corresponsabilidad esgrimiendo un impago de 33 millones por parte de Instituciones Penitenciarias en concepto de asistencia médica a los presos en cárceles madrileñas La batalla judicial de Ayuso contra el Gobierno encalla en los tribunales El Gobierno central y la Comunidad de Madrid mantienen abierto un enfrentamiento a cuenta de dos subvenciones en materia social que el Ejecutivo concedió a la administración regional y que esta no ha empleado, y ha embargado, con el argumento de que el Ministerio del Interior le debe dinero. Estas subvenciones suponen 5,3 millones del Ministerio de Derechos Sociales para adaptar viviendas de personas dependientes y otros 7,7 millones de Igualdad, correspondiente a dos anualidades de un plan para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido embargar las dos subvenciones esgrimiendo que el Gobierno central, en concreto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –dependiente de Interior– le adeuda más de 33 millones de euros por la asistencia médica de los reclusos ingresados en prisiones de la Comunidad de Madrid. Además, denuncia que el Ejecutivo central ha respondido al embargo bloqueando nuevas ayudas. El Tribunal Supremo resolvió en 2019 que las atenciones médicas deben ser sufragadas por la Administración central, que ejerce la competencia de Prisiones. Por otra parte, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor en 2003, estableció que los servicios sanitarios a los reclusos debían ser transferidos en un plazo de 18 meses a las comunidades autónomas, y que quedaran así integrados en su sistema de salud. A día de hoy, solo Catalunya –que ya había asumido la competencia de Prisiones–, Euskadi y Navarra cumplen con la transferencia establecida por la Ley. Madrid es una de las comunidades que sigue incumpliendo, veintidós años después, con la asunción de la asistencia sanitaria a los presos. El conflicto de la Comunidad de Madrid con el departamento que dirige Pablo Bustinduy por la subvención de 5,3 millones para dependientes ha llegado ya a los tribunales. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la vía de lo contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión del embargo. En el caso de las ayudas del Ministerio de Igualdad aún está vigente el plazo para una solución administrativa. La ayuda para la adaptación de los domicilios en Madrid de personas con discapacidad forma parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y está financiado con los fondos Next Generation, que liberó la Unión Europea para superar la crisis motivada por la pandemia de la Covid-19. La subvención del Ministerio a la Comunidad de Madrid ascendía a 5.389.475,42 euros y fue aprobada en 10 de diciembre de 2021. El textual recogía: “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia”. Casi dos años después, el 22 de noviembre de 2023, el Ministerio solicitó a la Comunidad de Madrid que justificara el cumplimiento de la subvención para, en caso contrario y como está estipulado, iniciar el procedimiento de reintegro. El 24 de enero de 2024, Derechos Sociales recibió respuesta de la Comunidad: no había ejecutado los fondos y adelantaba que devolvería el monto de la subvención. La Secretaría de Estado de Derechos sociales hizo cuentas y le salieron 5.822.161,40 euros a reintegrar, el resultante del monto total de la subvención más 432.885,98 en intereses de demora. Pasaron los meses y en el verano de 2024 todo dio un giro. El 5 de agosto de ese año, la Comunidad de Madrid notificó a Derechos Sociales que procedía al embargo de 6.524.596,91 euros. Explicaba que el Gobierno central tiene una deuda con la Administración regional por los servicios sanitarios prestados a las personas internas en la prisión de Estremera (Madrid VII) entre los años 2015 y 2019. En realidad hay dos resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido porque el conflicto se reprodujo en Andalucía. Allí, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia la comunidad autónoma dio la razón a la Administración central. El asunto era tan enrevesado que hubo un conflicto previo entre las partes sobre qué vía judicial debería resolverlo, si la contencioso-administrativa o la de lo social. La sentencia de 2019 dictada por el Supremo dando la razón a Madrid cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados, Nicolás Maurandi. Este magistrado se pronunció a favor de que fueran las comunidades autónomas quienes corrieran con los gastos médicos de los presos, siempre que estos estuvieran afiliados o resultaran beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social. El Ministerio de Bustinduy reaccionó en el conflicto con la Comunidad con una reclamación económico-administrativa en la que advertía que, de seguir con el embargo, la Comunidad estaría causando “perjuicios de imposible o difícil reparación” porque la subvención sale de una partida de los Presupuestos Generales del Estado vinculados a un hecho concreto, en este caso la aplicación de las ayudas. La Junta Superior de Hacienda, el órgano económico-administrativo de la Comunidad de Madrid, inadmitió la suspensión del embargo. La resolución no entraba al fondo del asunto y se limitaba a señalar que “no hay acto alguno que pueda ser objeto de suspensión al haberse consumado ya el acto que se pretendía evitar”, en alusión al embargo. Ante esa decisión, Derechos Sociales contactó con la Abogacía del Estado para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad. Derechos Sociales alega esta circunstancia, el hecho de que el contencioso esté en los tribunales, para no pronunciarse al respecto. Es el mismo argumento que utiliza el Ministerio del Interior para abstenerse de comentar la deuda con la Comunidad de Madrid y la decisión de ésta de embargar las subvenciones de Derechos Sociales e Igualdad. ## La Comunidad denuncia “represalias” de Sánchez Para el Gobierno regional, la decisión de su Junta de Hacienda se traduce en un aval de los “tribunales” a la ejecución del embargo. Consultado por elDiario.es, un portavoz del Ejecutivo de Ayuso denuncia que los dos embargos de subvenciones por parte del Ejecutivo central le han valido una “represalia del Gobierno de Sánchez”, que ahora “bloquea el abono de algunas ayudas” a la Comunidad de Madrid. Lo hace, añade, evitando que la Intervención General del Estado “borre” como deuda regional las dos subvenciones embargadas. Así constaría en los certificados de la IGAE negando la tramitación de ayudas y subvenciones. La Consejería de Hacienda de la Comunidad ya ha reclamado por escrito a la Intervención que cese en esa postura. Por otra parte, el Ministerio de Igualdad interpuso el 27 de septiembre de 2024 un recurso potestativo contra la diligencia de embargo de los 7,7 millones del Plan de Corresponsabilidad que han sido embargados, pero no recibió respuesta de la Comunidad, según fuentes del departamento de Ana Redondo. Recurrió entonces a la Junta Superior de Hacienda, pero esta rechazó la providencia de apremio. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Igualdad asegura que, de no modificar su postura en el plazo establecido, también recurrirá a la vía legal a través de la Abogacía del Estado.