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Cancelar Antecedentes Penales y Policiales en Tenerife | Alvarez Abogados Tenerife ¿Necesita cancelar sus antecedentes penales o policiales en Canarias para trabajar o viajar? Plazos y requisitos. Abogados expertos Tenerife.

Cancelar Antecedentes Penales y Policiales en Tenerife.
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Cancelar Antecedentes Penales y Policiales en Tenerife | Alvarez Abogados Tenerife ¿Necesita cancelar sus antecedentes penales o policiales en Canarias para trabajar o viajar? Plazos y requisitos. Abogados expertos Tenerife.

Cancelación de Antecedentes Penales y Policiales: El trámite definitivo para volver a trabajar o viajar sin trabas. Alvarez Abogados Tenerife. Recuperando su tranquilidad.
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Me ha citado el Juzgado de Instrucción | Alvarez Abogados Tenerife ¿Ha recibido una citación del Juzgado de Instrucción en Tenerife como investigado o testigo? Abogados penalistas expertos desde 1954.

Me ha citado el Juzgado de Instrucción en Tenerife: Cómo leer la notificación y cuál debe ser su primer paso legal. Por Alvarez Abogados Tenerife. Defensa penal.
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Citación Judicial: ¿Cómo actuar al recibirla? | Alvarez Abogados Tenerife ¿Ha recibido una citación judicial? Mantenga la calma y actúe con rapidez. Alvarez Abogados Tenerife, expertos Derecho Civil y Penal.

Citación Judicial: ¿Cómo actuar al recibirla?
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Procedimientos Judiciales. Nuestros abogados especialistas le defenderán y asistirán ante los tribunales. Somos abogados en Tenerife expertos en procedimientos judiciales.
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Procedimientos Judiciales. Nuestros abogados especialistas le defenderán y asistirán ante los tribunales. Somos abogados en Tenerife expertos en procedimientos judiciales. Estudiaremos la viabilidad de su litigio y le daremos un presupuesto cerrado y ajustado. Consulte ahora su asunto.
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¿Cómo intentó matar a su marido con fármacos en Palma? Detenida en Palma por envenenar a su marido con benzodiacepinas: UFAM investiga tras la crisis de enero y la denuncia; orden de alejamiento. En Palma, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de en...

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El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en _stand by_ a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. **Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar.** La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024, frustrando las pretensiones del empresario de resolver sus problemas con la justicia por medio de un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado que pusiera un rápido punto final a la causa contra él por fraude fiscal. En un primer momento, la entonces instructora, Inmaculada Iglesias, rechazó la ampliación de la investigación reclamada por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acción popular. Pero tras un recurso de ambas formaciones, rectificó y aceptó abrir una nueva línea en las pesquisas, **decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid**. Los hechos se centran en una empresa: **Masterman & Whitaker**. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a **Quirón Prevención SL** , filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria, que en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación" para generar "bases imposibles negativas" en la sociedad a compensar en el "futuro". Masterman, decía, no tenía medios suficientes como para realizar los servicios cedidos. Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 **con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza**. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. **Gloria Carrasco** , a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, **Fernando Camino** , con otro 20%. Este último es, desde hace años, **director general de Quirón Prevención**. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros. La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020 se transmitieron a Maxwell Cremona **por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza** , que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Y de la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", analizaba el Ministerio Público en un escrito. **"En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%"** , recogía la magistrada instructora –ya jubilada– en una de sus últimas resoluciones, en la que recordaba que en septiembre de ese mismo año Carrasco había comprado a su esposo y a su hermano sus participaciones en la sociedad –el 40%– por un total de 16.000 euros. Un auto en el que deslizaba que existían "indicios" de que la operación "se llevó a cabo para retribuir la intermediación" en la operación de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, en cuyos ficheros internos, según reveló eldiario.es, aparece el empresario pareja de Díaz Ayuso bajo el nombre "Alberto Burnet González". Aquella resolución, fechada el pasado 27 de junio, fue, precisamente, la que activaba al grupo de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos, **dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva"**. Unas pesquisas cuyo estado se desconoce más de medio año después. Las partes personadas en el procedimiento siguen a la espera del informe de la UCO. "Esta oficina de prensa no tiene constancia oficial de que [el informe] haya llegado al juzgado", apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La unidad de élite de la Guardia Civil ha ejercido y ejerce labores de investigación en los casos de mayor impacto político y mediático de los últimos tiempos. Y en algunos, pese a su complejidad, suele actuar con bastante diligencia y rapidez. En febrero del año pasado, por ejemplo, el instructor del entonces _caso Koldo_ le solicitó que elaborara un estudio sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hijo, **entregando una primera aproximación del mismo un mes después**. Y **mes y medio tardó la UCO** en hacer llegar al magistrado que lleva la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, un primer informe sobre supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas denunciados por Víctor de Aldama –el documento que hizo caer al sucesor de Ábalos como secretario de Organización, Santos Cerdán–. Según publicó _El Mundo_, la causa del retraso en las pesquisas relacionadas con González Amador se debe a la lentitud en la remisión de las actuaciones a la unidad investigadora, **trámite que se no se habría producido hasta principios de noviembre**. La decisión de la jueza instructora de activar a la UCO se produjo tras una primera batería de declaraciones en la que tanto la pareja de Díaz Ayuso como Carrasco negaron la existencia de un soborno al directivo de Quirón, **alegando que el elevado precio pagado por la empresa obedecía al potencial de la misma**. El mismo argumento que ya esgrimió en la inspección fiscal: "Es una apuesta por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con estas empresas, dado que en ese momento resultaban atractivos". Pero ni todas estas explicaciones ni los documentos aportados al juzgado, entre ellos una adenda al contrato de compraventa de la sociedad en la que Carrasco se comprometía a no competir con él y a conectarle con clientes, convencieron ni a la jueza ni a la Fiscalía. "Una vez practicadas las declaraciones de los investigados, es llano que los indicios de criminalidad no se han desvirtuado en absoluto", recogía el fiscal Diego Lucas en el escrito con el que solicitó que se pusiera el caso en manos de la Unidad Central Operativa. Y concluía el Ministerio Público: "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y **es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido** , ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas".
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El informe de la inspección ocular de la Guardia Civil y el testimonio del maquinista del Iryo, puntos de partida de la investigación judicial Una jueza recién salida de la escuela se hará cargo de la instrucción de Adamuz a partir de febrero
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Citación Judicial: ¿Cómo actuar al recibirla? | Alvarez Abogados Tenerife ¿Ha recibido una citación judicial? Mantenga la calma y actúe con rapidez. Alvarez Abogados Tenerife, expertos Derecho Civil y Penal.

Citación Judicial: ¿Cómo actuar al recibirla?. Recibir una notificación del juzgado es, para la mayoría de los ciudadanos, un momento de profunda incertidumbre.
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El Poder Judicial culmina sin sanción más de la mitad de los expedientes a jueces De los 24 procesos abiertos en 2024, 13 fueron archivados y 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, pero el órgano alega que no publica la identidad de los sancionados porque es un dato "sensible" y no lo avala ninguna norma El Poder Judicial abre expediente al juez que acusó a Sánchez de “golpismo” y llamó “Barbigoña” a su mujer El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró sin sanción más de la mitad de los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y magistrados en 2024, último año del que existen datos disponibles. Durante ese ejercicio, el órgano de gobierno de los jueces abrió un total de 24 expedientes, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones. Sin embargo, no es posible saber ni la identidad de los sancionados ni una somera descripción de los hechos que acarrearon las medidas disciplinarias. Fuentes del CGPJ sostienen que no procede publicar su identidad porque es un dato “reservado y sensible” y no existe ninguna norma que dé cobertura a su difusión. La ley del Poder Judicial establece que las sanciones se anotan en el expediente personal de cada juez, pero no prevé ningún tipo de publicidad al respecto. Esta misma norma contempla la cancelación de las anotaciones en un plazo determinado —que varía en función de la gravedad de la falta apreciada— y establece que esa cancelación “borrará el antecedente a todos los efectos”. La sanción más grave impuesta en 2024 fue la suspensión de funciones durante un año en un caso considerado muy grave de “desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas”, según el artículo 417.9 de la ley del Poder Judicial. La Fiscalía pidió en ese caso una sanción superior, de un año y medio, pero la Comisión Disciplinaria acordó que fuera de 12 meses. Por ese mismo artículo fueron castigados con la suspensión de empleo y sueldo otros tres miembros de la carrera judicial, que fueron sancionados a cinco meses, cuatro meses y un mes, respectivamente. Además, hubo otras cinco sanciones consideradas graves que derivaron en multas económicas de entre 3.000 y 600 euros, en función de los hechos analizados. Cuatro lo fueron también por retrasos injustificados y una por incumplir la obligación de elaborar una relación de asuntos pendientes cuando se cambia de destino. Asimismo, se registraron otras dos sanciones leves que se sustanciaron con multas económicas. Una por el incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, que fue multada con 400 euros. Y otra por desatención o desconsideración con los ciudadanos o con el personal del juzgado, que acarreó una multa de 300 euros. Respecto a los 13 expedientes archivados, cinco de ellos lo fueron porque no se acreditó que los hechos analizados tuvieran una responsabilidad disciplinaria. En otros cuatro casos, el archivo se produjo porque el expediente se había abierto contra jueces sustitutos y, en el momento de resolución, que suele ser meses después de que se inicie el procedimiento, ya no formaban parte de la bolsa. También hubo archivos por prescripción o por el hecho de que el juez investigado ya había perdido su condición de miembro de la carrera judicial o se encontraba aquejado de una enfermedad. La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Comisión Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024.  ## Expedientes sin sanción Uno de esos expedientes que acabaron sin sanción en 2024 fue el abierto al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó en sus redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. El argumento fue que no se había podido acreditar que hubieran invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en su perfil de Twitter y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. Este juez se enfrenta ahora a la apertura de otro expediente por nuevos comentarios en sus redes en los que acusó a Sánchez de “golpismo” y llamó “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez. Los votos de los vocales progresistas y de la presidenta Isabel Perelló obligaron el pasado octubre al Promotor a abrir un expediente a este magistrado. La mayoría de la Comisión Permanente rechazó su pretensión de archivar de plano la investigación abierta y no abrirle un expediente. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y que era la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión al órgano competente —la Comisión Disciplinaria— para que se pronuncie. Todavía no hay decisión al respecto. Una situación similar se dio el pasado octubre con el juez Eloy Velasco. De nuevo los vocales progresistas y la presidenta Perelló instaron al Promotor a abrirle un expediente por sus descalificaciones a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. Ese expediente también está pendiente de resolución. ## Las diligencias contra el juez Peinado En un estadio anterior se encuentra la investigación abierta al juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a la mujer del presidente del Gobierno. En este caso, la queja partió del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que denunció que el juez había actuado de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El Promotor acordó el pasado junio abrir una diligencia informativa contra el magistrado, un paso casi automático cuando se recibe una denuncia. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados, que incluye la petición de informes a órganos judiciales. La diligencia informativa funciona como un filtro de seguridad: una fase preliminar que permite separar las quejas infundadas o sobre cuestiones puramente judiciales de aquellas conductas que realmente requieren un castigo disciplinario. De hecho, la mayoría de esas diligencias informativas se acaban archivando. En 2024, el promotor dictó 362 acuerdos de archivo y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente los 11 citados acabaron en sanción. En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa fue de 97 días. De abrirse expediente, la media de resolución está cercana a los 200 días. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de expediente, pueda llegar a concluirse.
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Un tribunal avala la instalación de un ascensor ocupando el patio privativo de un vecino por ser inviable en las zonas comunes El propietario afectado recurrió el acuerdo de la junta al entender que la obra podía hacerse usando la caja de la escalera

#JUZGADOS 💰 Un tribunal avala la instalación de un ascensor ocupando el patio privativo de un vecino por ser inviable en las zonas comunes. ✍ Susana Zamora

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Recibida citación juzgado en Tenerife | Alvarez Abogados Tenerife Recibida citación juzgado en Tenerife. Citaciones, Notificaciones y Comunicaciones del Juzgado en Tenerife. Acudir con Abogado al Juzgado.

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Cómo poner una Denuncia | Alvarez Abogados Tenerife Cómo poner una Denuncia en Tenerife. La denuncia puede hacerse ante autoridad judicial, el fiscal o la policía. Un deber de todo ciudadano.

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La Fiscalía no acusará a Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá y pide el archivo La actriz solicita tres años de cárcel para el que fuera líder de Sumar y una indemnización de 30.000 euros
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Justicia responsabiliza al Ejecutivo y al Senado por vacantes en juzgados El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, calificó de inconstitucional tanto la emisión monetaria sin respaldo como la adopción de una moneda extranjera única. El magistrado confirmó que el tribunal pospuso su intervención sobre el DNU 70/2023 hasta que finalice el trámite legislativo. Rosatti fundamentó que la Carta Magna prohíbe una moneda que el […] La entrada Justicia responsabiliza al Ejecutivo y al Senado por vacantes en juzgados se publicó primero en OPI Santa Cruz.
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El Supremo tumba la posibilidad de que el novio de Ayuso use la condena al fiscal general para anular su presunto fraude Los magistrados también desmontan la defensa política de la presidenta al negar que se trate de un ciudadano anónimo
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El ‘caso residencias’ se reactiva con las declaraciones de ex altos cargos de Ayuso y la lucha de las familias por abrir una macrocausa La investigación por las miles de muertes sin hospitalización en Madrid durante la pandemia ha dado un giro. Esta es la historia de los cinco años de batalla judicial librada por los afectados.
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Los minutos clave de la dana en los que se frenó “confinar” a la población La exconsejera de Emergencias Salomé Pradas desvela cómo Mazón y su equipo eran conscientes de la gravedad de la situación ya a primera hora de la tarde
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Peinado pregunta a las partes si archiva la causa para el delegado del Gobierno en Madrid en el caso contra Begoña Gómez El fiscal alega que la situación de Francisco Martín es “idéntica” a la de la actual secretaria general de Presidencia a la que el juez exoneró 11 días después de imputarla El juez Peinado archiva la causa contra la secretaria general de Presidencia en el caso Begoña 11 días después de imputarla El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez, ha preguntado a las partes si debe archivar la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Lo hace tras recibir un escrito en el que la Fiscalía considera que su imputación debe ser revocada porque su situación es “idéntica” a la de la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra Gómez, a la que exoneró 11 días después de imputarla. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribe el fiscal. El magistrado mantiene investigado a Martín desde el pasado mayo como sospechoso de participar en la supuesta malversación que suponen las labores de Cristina Álvarez para Begoña Gómez en relación con la Universidad Complutense. La defensa de Martín recurrió su imputación hace casi seis meses, pero la instancia superior todavía no ha dado respuesta a ese recurso. Entre tanto, el Tribunal Supremo rechazó su maniobra para escalar el caso hasta la Moncloa e involucrar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que llegó a tomar declaración en su despacho el pasado abril. Peinado intentó implicar a Bolaños por malversación con el argumento de que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando la asesora fue nombrada. En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. Tras interrogar a Bolaños, el juez imputó a Francisco Martín. En su caso, la citación venía motivada por el hecho de que —en el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno que ocupó entre 2021 y 2023— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia.
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El Gobierno de Aragón deberá explicar en las Cortes la reducción de personal en los juzgados que investigan violencia de género Isabel Lasobras, portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, exige al Gobierno explicaciones sobre la reducción de personal en los juzgados que investigan violencia de género y sexual tras la implantación de la NUMO La entrada El Gobierno de Aragón deberá explicar en las Cortes la reducción de personal en los juzgados que investigan violencia de género aparece primero en AraInfo · Diario Libre d'Aragón.
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