Letrado de Assange y socio de un bufete de élite: quién es el abogado de Maduro y claves de un juicio “insostenible”
El letrado Barry Pollack acumula éxitos en una larga carrera en los juzgados, pero tendrá que fajarse contra el poder del Departamento de Estado y el histórico desdén de EEUU por la ley internacional en materia penal
La Fiscalía de Nueva York contra Maduro: acusaciones de tráfico de drogas y la aparición de 'el Pollo' Carvajal
Bombardeo y secuestro mediante, EEUU ha puesto a Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York. El presidente venezolano tiene ante sí un periplo judicial ominoso. La fiscal general, Pam Bondi, declaró que el sistema penal estadounidense desplegará contra él “todo su peso”. A contrarrestarlo se dedicará el veterano abogado Barry Pollack, que lidera la defensa del mandatario depuesto en la agresión militar de EEUU en Venezuela.
## Assange, Enron y el falso parricida
A sus 61 años, Barry Pollack acumula una amplia trayectoria profesional como abogado defensor y cuenta con triunfos sonados. Uno de los más recientes y notorios fue el alambicado acuerdo para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, regresase a Australia tras aceptar una condena menor por espionaje. Llevaba cinco años encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Inglaterra a la espera de ser extraditado a EEUU, donde los cargos que se le imputaban inicialmente le habrían supuesto décadas de cárcel.
Pollack también consiguió rescindir una condena por homicidio a un hombre sentenciado por matar a sus padres cuando era adolescente, tras probar que era inocente, y que lo indemnizasen con más de 13 millones de dólares.
Aunque se encargó de ese caso a título gratuito, no se trata de un abogado de causas perdidas, sino de un socio de un bufete de élite de la costa este, Harris St Lauren Wechsler, no al alcance de cualquiera. Uno de los clientes con posibles que se benefició de sus servicios fue un contable de Enron, la empresa implicada en el escándalo criminal por especular con el mercado de la energía de California en los 90, que estalló en 2001. El cliente de Pollack fue exonerado después de que el jurado fuese incapaz de ponerse de acuerdo sobre su culpabilidad.
> Hay abogados que son muy rápidos de reflejos y convincentes ante el jurado, y luego hay otros que profundizan en los hechos del caso y lo conocen mejor que el Gobierno y sus propios clientes. A mí me gusta ser ambos tipos
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> Barry Pollack — Abogado de Nicolás Maduro
Pese a estar especializado en delitos de cuello blanco —la publicación sectorial Chambers, que elabora clasificaciones de los abogados más reputados de EEUU, lo señala como uno de los principales litigantes en este campo y en las investigaciones del Gobierno— sabe desenvolverse en múltiples terrenos: logró igualmente la absolución de un amigo personal acusado de agresión sexual.
El éxito viene acompañado de confianza en sí mismo. En una entrevista con la publicación especializada Lawdragon, presumía: “Hay abogados que son muy rápidos de reflejos y convincentes ante el jurado, y luego hay otros que profundizan en los hechos del caso y lo conocen mejor que el Gobierno y sus propios clientes. A mí me gusta ser ambos tipos”.
## El futuro procesal de Maduro
En la entrevista, Pollack reflexionaba, al hilo del caso Assange, sobre el expansivo alcance de la Justicia de su país: “EEUU tiene una visión extraordinaria de lo que es su jurisdicción mundial. En el caso de Julian tenemos a alguien que no es ciudadano de EEUU que publica información fuera de EEUU, que no pisa EEUU para nada relacionado con la supuesta conducta ilegal y que recibe la información a través de una filtración en Irak. Y aun así EEUU pensó que podía perseguirlo penalmente en EEUU”.
Publicado meses antes del ataque a Venezuela, este cuestionamiento puede dar alguna pista sobre la estrategia de defensa del depuesto mandatario, que pasaría por que el caso no llegue a juicio. En los mismos términos se pronunció durante la primera comparecencia judicial de Maduro. “Hay dudas sobre la legalidad de su secuestro militar”, planteó al juez, quien replicó que la cuestión se trataría más adelante.
> La pretendida 'detención' se ha producido no ya al margen de todos los cauces jurídicos internacionales previstos, sino en violación de las normas más básicas del derecho internacional
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> Javier Chinchón — Profesor de derecho internacional de la Universidad Complutense
Como explica a elDiario.es por correo electrónico Javier Chinchón, profesor de derecho internacional de la Universidad Complutense y especialista en derecho penal internacional, “más allá de las cuestiones de fondo, lo primero que hay que plantearse es si EEUU puede siquiera iniciar el procedimiento judicial en sí. Al respecto, conviene recordar que el Tribunal Internacional de Justicia ya concluyó hace más de dos décadas que un jefe de Estado en ejercicio goza de inmunidad de jurisdicción penal y civil en otros Estados”.
Chinchón detalla que la inmunidad implica que el jefe de Estado “no puede ser sometido a un procedimiento judicial en otro país, sea cuales fueren los cargos que se le imputen”. “A lo que hay que añadir que la pretendida 'detención' se ha producido no ya al margen de todos los cauces jurídicos internacionales previstos, sino en violación de las normas más básicas del Derecho internacional”, abunda.
En el historial judicial estadounidense hay un caso con similitudes al de Maduro, como fue el del dictador panameño Manuel Noriega, inicialmente el hombre de la CIA en el país centroamericano, pero posteriormente enemistado con la gran potencia. Tras la ilegal invasión de Panamá, acabó entregándose a las tropas estadounidenses en enero de 1990. Fue condenado a 30 años y murió en prisión en Panamá.
El caso de Noriega y el de Maduro tienen una diferencia fundamental, según señala Ana Garrocho, profesora de derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista también en derecho penal internacional: el panameño nunca ostentó [oficialmente] el cargo de presidente del Gobierno, por lo que su inmunidad no era tan evidente. Pero se trata de un matiz procedimental que la experta no cree que influya en el discurrir de la causa, dados los condicionantes políticos. “Es muy difícil que un juez se oponga a todo el poder de un Estado”, apunta.
En el caso de Noriega, el argumentario de la acusación se basó en una opinión del fiscal general de la época, Bill Barr, según la cual la prohibición del uso de la fuerza que prescribe la Carta de la ONU no impide los “secuestros forzosos”. El mismo Barr volvió el domingo sobre el tema, más de tres décadas después, en una entrevista en Fox News. “Ya estuvimos antes en esta situación. Cuando es un Gobierno el que lleva a cabo la actividad criminal, perseguirlos y desmantelarlos implica, por naturaleza, un cambio de régimen”, apuntó. “Es un proceso largo, habrá muchas maniobras legales, pero al final de cuentas creo que será condenado”, dijo después.
De manera parecida se pronunció, en declaraciones a AP, Dick Gregorie, fiscal federal retirado que acusó en su día a Noriega: “No puede alegar inmunidad soberana si no lo reconocemos como jefe de Estado”.
## Un precedente israelí
Aunque en un caso muy distinto, Garrocho señala que el secuestro de Maduro tiene también similitudes por la forma de actuar de las autoridades antes de su llegada al tribunal, con la operación por la que el Mossad secuestró en 1960 al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Escapado a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, los agentes lo llevaron a Israel, aunque en aquel caso el secuestro fue una operación secreta y no a cara descubierta. En aquel entonces, el tribunal asumió el caso sin tener en cuenta las circunstancias por las que el acusado apareció en la sala. Garrocho prevé que en este caso puede suceder algo semejante, y el tribunal examine el escrito de acusación prescindiendo de analizar los pormenores del ataque y secuestro del mandatario venezolano.
Expertos legales estadounidenses hacen hincapié en que la tendencia de los tribunales federales es similar: quien manda es el Departamento de Estado del Gobierno, y los jueces raramente podrían aceptar argumentos procesales contrarios a la acusación, por mucho que el derecho internacional los avale. “Los tribunales federales generalmente rechazan cuestionar la forma en la que se produjo el arresto”, declaró a la NPR Shane Stansbury, que llevó la acusación por lavado de dinero contra el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo desde la Fiscalía de Nueva York.
Una vez se resuelvan las cuestiones previas, será el momento de examinar el fondo del caso. El escrito de acusación mezcla acusaciones concretas con otras genéricas y presenta a un testigo estrella de credibilidad cuestionable, como el viejo conocido de los tribunales españoles Hugo Carvajal. Pero algunos de los cargos sí tienen peso, según Garrocho.
Entre los especialistas en derecho penal internacional queda, en todo caso, un regusto amargo. Aunque el caso le parece “bonito” desde un punto de vista jurídico, Garrocho entiende que la disciplina existe precisamente para evitar actuaciones como las que ha llevado a cabo EEUU. Chinchón observa: “A la vista de las noticias y pseudoargumentos que se van adelantando [...] es probable que todo esto les dé igual. Pero desde el punto de vista del derecho internacional vigente, la defensa de la viabilidad jurídica de esta pretendida ”detención“ y posterior enjuiciamiento es algo más que insostenible”.
