González Amador, alias Alberto Burnet: el ciudadano menos particular de Madrid
La pareja de Ayuso no es un ciudadano particular sino una "Persona Políticamente Expuesta" obligada a dar cuenta de su patrimonio. Ha tenido a su servicio al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, su aparato propagandístico y a un abogado que tuvo como mentor a un magistrado del Supremo
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón
Pueden repetirlo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su estruendoso coro mediático e incluso él mismo ante el Tribunal Supremo. Y seguirá sin ser cierto. Alberto Gónzález Amador no es un “ciudadano particular”. Su periplo de año y medio por los juzgados y el tratamiento de algunos medios de comunicación han demostrado que está en las antípodas de eso.
Exactamente desde el 26 de mayo de 2021, cuando la revista Lecturas anunció el noviazgo con un reportaje fotográfico en Ibiza y el locutor Federico Jiménez Losantos confirmó en Esradio que la relación llevaba meses. Losantos, poco sospechoso de alentar campañas contra Ayuso, reconoció algo más: la fuente de su información era la propia presidenta madrileña. El audio todavía puede escucharse aquí.
Las parejas de los presidentes, ministros y altos cargos, de diputados, senadores y líderes de partidos en España, más en el caso de que convivan, se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP), una figura sometida a controles financieros especiales, tanto en sus movimientos bancarios, compras de inmuebles, transferencias... Todas esas operaciones deben ser monitorizadas por los bancos que están obligados a aplicar una Diligencia Debida Reforzada (DDR). Traducido al castellano: incluso gestiones sencillas como hacer una transferencia al extranjero, comprar una casa o efectuar una donación a un familiar están vigiladas y requieren la aprobación de la alta dirección del banco, obligado a indagar en el origen de los fondos. En caso de movimientos sospechosos, las entidades están obligadas a avisar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Alberto González Amador desde que convive con Ayuso no es un ciudadano particular, sino una Persona Políticamente Expuesta.
Como todos los cargos públicos, la presidenta de Madrid tenía la obligación de comunicar a los bancos y entidades financieras la identidad de la persona con la que convive a través de una declaración jurada. Lo dice la regulación: “cónyuges, familiares cercanos (hasta el segundo grado) y convivientes”. Ni Ayuso ni su equipo de comunicación han explicado nunca si cumplieron con ese trámite. La condición de Persona Políticamente Expuesta que debió adquirir su pareja en el momento en que empezaron a convivir casa mal con las sociedades en Panamá, en Florida y algunas transacciones que González Amador ha realizado en los últimos años. Los bancos y el servicio antiblanqueo suelen estar encima de ese tipo de operaciones.
Pero más allá de eso, ¿es defendible que esté la pareja de un presidente vigilada por los bancos y no por el periodismo? En el universo Ayuso, una parte de los medios defienden que así es. Que no hay nada que mirar en los negocios de González Amador con Quirón, el prinicipal adjudicatario de la Comunidad de Madrid, de la que ha recibido pagos por 5.000 millones de euros desde 2021. Lo escriben editorialistas y lo repiten locutores de radio y presentadoras de televisión por las mañanas.
No es el caso de elDiario.es. Gracias a las investigaciones de esta redacción, hoy sabemos que, lejos de ser aquel “técnico sanitario” que trató de presentarnos el eficaz aparato propagandístico de la Comunidad de Madrid, González Amador es un comisionista que se hizo con dos millones de euros gracias a una empresa donde estaba de consejero Fernando Camino, su jefe en Quirón, que es el mismo grupo sanitario al que Isabel Díaz Ayuso ha pagado en los últimos cuatro años, el doble de lo presupuestado.
Hoy sabemos también que en 2023, antes de que este medio destapase el escándalo del fraude fiscal, las facturas falsas y las empresas pantallas, Quirón y González Amador trataron de camuflar su relación construyendo una identidad falsa: Alberto Burnet González para que pudiera operar dentro del grupo. Y que todavía hoy, pese a estar imputado por corrupción en los negocios por pagar 500.000 euros a la esposa de su jefe en Quirón a cambio de una empresa sin empleados, infraestructura ni apenas facturación, González Amador figura en la intranet del gigante sanitario domo Director de Proyectos. Pese a todo lo anterior tampoco se le aplica el código ético de la compañía.
Ni siquiera el Tribunal Supremo, en la controvertida sentencia que condenó sin pruebas directas al fiscal general de haber filtrado la confesión del doble delito fiscal de González Amador, ha comprado la tesis del ciudadano particular en su fallo: “Estamos no ante un estricto ciudadano anónimo, sino ante un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar”.
Tampoco es cierto que a Alberto González Amador le preocupen todas las filtraciones. Unas, como la publicación del correo en el que su abogado confesaba en su nombre un doble fraude fiscal, las denuncia en los tribunales. Otras las utiliza a conveniencia en las demandas que presenta. El juicio en el Supremo ha evidenciado que el primer correo que se publicó lo filtró el propio González Amador, a través del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, a El Mundo, el diario que llevó a su portada una noticia falsa que partía de la manipulación de la cadena de mails entre la pareja de Ayuso y el fiscal.
El Colegio de Abogados de Madrid, que puso en el grito en el cielo y presentó una denuncia al ver en algunos medios el mail de la confesión de los delitos, no ha tomado ninguna medida contra el letrado de González Amador Carlos Neira, quien facilitó una parte de sus comunicaciones con la fiscalía, entre ellas el correo que acabó publicado en El Mundo. Es el mismo Colegio Oficial de Abogados que protestó airadamente por la quiebra de confianza que supone airear las conversaciones entre el ministerio público y un letrado y apeló a la vulneración del protocolo firmado con la fiscalía para las conformidades. Diferentes medios de comunicación han preguntado al colegio profesional si había adoptado alguna medida disciplinaria contra el abogado Carlos Neira por romper ese protocolo. No hay noticias de que lo haya hecho, pero ha aparecido alineado como acusación con la pareja de la presidenta y su abogado llegó a formular preguntas dictadas por el letrado de González Amador durante el juicio.
Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid y de cuyo departamento salió una filtración antes de que el correo de la confesión de González Amador llegase a manos de García Ortiz, se quejó en su día de que el Colegio de abogados no expedientará a su colegiado tras la filtración original que dio lugar a esta causa. Tampoco porfió en ello a lo largo del procedimiento judicial.
Ahora se sabe que el mismo día que el Colegio Oficial de Agogados de Madrid mantuvo la acusación y pidó cárcel contra el fiscal general, la Comunidad de Madrid autorizaba al Colegio de Abogados de Madrid para convertirse en centro universitario, con el lucrativo negocio que supone. El proceso llevaba varios días en marcha, pero se cerró el mismo día que el juicio al fiscal general quedó visto para sentencia. La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid puede revisarse aquí.
El triángulo se cierra así: la Comunidad de Madrid que preside Ayuso permite al Colegio de Abogados un centro universitario el 14 de noviembre, justo el día en que el mismo colegio profesional ratificaba en su escrito de conclusiones la acusación contra el fiscal general durante la última jornada del juicio. La semana siguiente ese mismo colegio profesional celebra un curso por el que paga 90 euros por hora a tres miembros del mismo Tribunal ante el que ejercieron de acusación.
El Colegio Oficial de Abogados se ha visto obligado a sacar un comunicado para defender que su posición en el juicio contra el fiscal general del lado de la pareja de Ayuso nada tenía que ver con el centro universitario que la presidenta de Madrid le acababa de conceder.
Por si faltaban indicios sobre si González Amador opera realmente como un ciudadano partícular, ahí va otra pista. El novio de Ayuso y su abogado Gabriel Rodríguez Ramos han venido utilizando para sus denuncias material reservado que solo tenía la polícía y que también es secreto. Solo así puede entenderse que en una demanda figuren atestados policiales sobre las identificaciones que la escolta de la presidenta realizó en las inmediaciones de su vivienda a periodistas que trataban de averiguar en cuántos pisos vivía la pareja. ¿Cómo llegaron esos datos personales reservados de la policía a la demanda de un supuesto ciudadano particular? Es una vulneración de la protección de datos muy grave por la que nadie ha respondido todavía.
Alberto González Amador tampoco era un desconocido para una parte del Tribunal Supremo que juzgó su denuncia. El abogado que contrató, Gabriel Rodríguez Ramos -hijo del reputado penalista Luis Rodríguez Ramos y empleado en el bufete familiar- había estado preparando su tesis con Antonio del Moral, uno de los cinco magistrados que acabó condenando en la polémica sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes cercanas al bufete admiten que fue Rodríguez Ramos padre quien pidió al magistrado dirigir la tesis de su hijo. Así que el mismo día que el letrado de González Amador Gabriel Rodríguez Ramos leyó la tesis donde agradecía a su mentor, Antonio Del Moral, la “sabia guía” durante los años de investigación, la Sala del Supremo, en la que estaba el propio Del Moral, abría una causa contra la sexta autoridad del Estado por revelación de secretos, tras una denuncia del propio Rodríguez Ramos.
Del Moral fue además la persona que dirigió el curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid al que acudieron él mismo y otros dos magistrados, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y Juan Ramón Berdugo, en medio de la deliberación de un caso que tenía entre las acusaciones particulares, del lado de González Amador, al propio Colegio de Abogados.
Berdugo, Del Moral y Arrieta firmaron los votos a favor de la condena al fiscal general, junto a Manuel Marchena, el magistrado que, según el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había que aupar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para “controlar desde atrás” la sala segunda, precisamente la que ha juzgado a García Ortiz y por la que pasan la gran mayoría de casos de corrupción. La quinta magistrada que se posicionó del lado de la condena, Carmen Lamela, también fue aupada al más alto tribunal del país por la mayoría del PP, que ha hecho de este sumario una causa general contra el propio presidente del Gobierno.
¿Explica esa maraña de relaciones que el muy particular ciudadano Alberto González Amador, que comparecía como testigo, dispusiese de un alegato final ante el Tribunal Supremo donde se permitió decir que la situación en la que estaba solo le dejaba dos salidas: suicidarse o huir de España (donde sigue acusado por la Justicia en dos procedimientos sobre delitos graves)? El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, permitió al testigo soltar su discurso y lo más que hizo fue replicar con una ironía: “Le recomiendo consultarlo con su abogado”.
Es el mismo magistrado que consideró una amenaza, y así lo hizo saber desde la presidencia del tribunal, el dilema profesional sobre revelar la fuente (y quebrar la primera obligación del oficio, junto a decir la verdad) o permitir la condena de un inocente.
Si alguien cree que a un ciudadano particular se le permiten alegatos de este tipo en el Tribunal Supremo, sirva un consejo de los antiguos concursos de televisión: “No lo intenten en sus casas”. Quien tenga interés en comprobarlo puede consultar los vídeos del juicio al procés y los interrogatorios del propio Marchena a los testigos independentistas.
Pero la evidencia más clamorosa de que González Amador no es un ciudadano particular fue la actuación de la Comunidad de Madrid desde que estalló el escándalo de sus comisiones millonarias y su fraude fiscal. El primer día la presidenta trató de convertir una rutinaria investigación de Hacienda que derivó en denuncia, como hay miles, en una operación de “todos los poderes del Estado contra ella”. Y de acuerdo con semejante diagnóstico, puso a trabajar en su defensa a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, un alto cargo de la Administración con un sueldo público de 100.989 euros.
Rodríguez puso en marcha una campaña de intoxicación basada en mentiras, como él mismo tuvo que admitir en el Supremo, utilizando a medios de comunicación bajo su influencia, empezando por Telemadrid y una decena de diarios y radios que publicaron sus inventos sin ningún contraste.
Tras año y medio de ruido y muchísima propaganda, hoy sabemos que González Amador está procesado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental y que en otra causa separada se le investiga por cohecho y corrupción en los negocios. Le hemos visto acudir a los juzgados con peluca y utilizar un alias, Alberto Burnet, para operar con un cargo directivo en el grupo sanitario al que su pareja ha repartido 5.000 millones de euros en el último lustro.
En todo este tiempo ha tenido a su servicio al aparato de la Comunidad de Madrid, al Colegio de Abogados de Madrid y a distintas asociaciones ultras que se personaron como acusaciones en el delito de revelación de secretos. También ha usado en sus demandas información reservada en poder de la policía sobre identificaciones de la escolta de Ayuso a periodistas.
Mientras, Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta de Madrid sigue intentando defender que es “un ciudadano particular”. Y un sector de la prensa que financia le sigue comprando la mercancía.
