Los #jueces del Consejo General del Poder Judicial se suben 800 euros al mes, 9.800 al año, y luego la derecha monta el numerito cada vez que sube el Salario Mínimo. La hipocresía en #España también cotiza y protege.

La maraña de la eólica gallega: decenas de parques parados y dos jueces de la sección que los revisa, trasladados forzosamente El sector se encuentra sumido en un parón, con 85 proyectos frenados por el Tribunal Superior de Galicia por apreciar fragmentación ilegal o defectos en la evaluación ambiental de la Xunta

🔴La maraña de la #EólicaGallega: decenas de parques parados y dos #Jueces de la sección que los revisa, trasladados forzosamente

#MarcaPP🇪🇦🤮👇🏼

Si los #fachascontoga fueran #jueces...
Pero vivimos en un país todavía franquista y no hacemos nada.

Como aqui, #jueces politizados. Nada nuevo #Grub.

Jueces por la Democracia impugnan ante la CSJ decreto que despoja de poderes administrativos a la presidenta del máximo tribunal Tegucigalpa, Honduras – La organización Jueces por la Democracia presentó formalmente una acción de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del Decreto Legislativo No. 10-2026, norma aprobada por el Congreso Nacional para despojar a la presidenta del máximo tribunal, Rebeca Ráquel Obando, de sus facultades […] Este artículo Jueces por la Democracia impugnan ante la CSJ decreto que despoja de poderes administrativos a la presidenta del máximo tribunal se publicó primero en Diario El Mundo | Noticias de Honduras y el Mundo.

#Nacionales #Actualidad #Jueces Jueces por la Democracia impugnan ante la CSJ decreto que despoja de poderes administrativos a la presidenta del máximo tribunal

Pues entre los #casos del #PP que se archivan y los que caducan hay que concluir que los #jueces tienen #impunidad_profesional y los #PePeros #impunidad_genética.

Dicen que, en tiempos, hubo un #CGPJ.

Quousque tandem abutere, #Justitia, patientia nostra?

Por qué los jueces casi nunca pagan tras un crimen machista La ley protege a las víctimas, pero el castigo a un juez por fallar es excepcional. Así funciona la responsabilidad tras un crimen machista. Cuando un agresor mata y después se descubre que ya tenía d...

Por qué los jueces casi nunca pagan tras un crimen machista #ViolenciaDeGenero #ViolenciaMachista #Feminicidio #Justicia #Jueces #OrdenDeAlejamiento #VioGen #PulserasTelematicas #Proteccion #Igualdad #12demarzo #Jueves #España donporque.com/jueces-casi-...

Lo que tenía que hacer el @gpscongreso.bsky.social de una putisima vez es proponer la ILEGALIZACION DEL FASCISMO Y SUS ULTRAS =
#JUECES
#FSE
SON Y REPRESENTAN UN ATAQUE DIRECTO A NSTRA DEMOCRACIA

ES OBLIGACION DE TODO EL ARCO PARLAMENTARIO DEMOCRATA
COMBATIRLOS✊️

FIN!

SON EL ENEMIGO DENTRO.
😡

Así serán las 500 plazas de jueces en 2026: destinos y acceso Macroconvocatoria de 500 plazas en 2026: 375 por oposición y 125 por cuarto turno, acuerdo con el CGPJ y refuerzo de tribunales por vacantes. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una macroconvocatoria ...

Así serán las 500 plazas de jueces en 2026: destinos y acceso #Justicia #Jueces #Oposiciones #CGPJ #FelizBolaños #TribunalSupremo #AudienciaNacional #TribunalesDeInstancia #PlantaJudicial #CuartoTurno #CarreraJudicial #España #18defebrero #felizmiercoles #Actualidad donporque.com/500-plazas-d...

🟢 El #magistrado director de #EscuelaJudicial, Francesc Segura, se ha dirigido a las #juezas y #jueces en el acto de entrega de despachos, a quienes ha felicitado y recordado el compromiso de independencia y responsabilidad para servir a la sociedad desde su excelente capacitación

#74promoción

Retransmisiones en directo | CGPJ | Poder Judicial | Consejo General del Poder Judicial | Actividad del CGPJ

🟩 En la #EscuelaJudicial ya están ensayando. Las #juezas y #jueces de la #74Promoción están ya preparad@s para la ceremonia de entrega de despachos que preside Su Majestad el Rey y que se puede seguir a través de

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Pode...

Claro, ¿Cómo van a dejar que alguien que no puede permitirse hacer una oposición sin trabajar pueda ser juez con todos los méritos? ¿Qué queremos, hijos de trabajadores en la judicatura? Ni de coña.

#jueces

El sainete judicial sigue adelante. El Gobernador habla de burla y falta de respeto a la sociedad ¿Y por casa cómo andamos? (Por: Rubén Lasagno) – De algo estoy seguro: el gobierno provincial, la Cámara de diputados, la Justicia como institución y tanto el partido gobernante como la oposición, son lo peor de todo lo que hemos visto en Santa Cruz desde que se estableció la Constitución y el funcionamiento de los tres Poderes. Y hemos vivido […] La entrada El sainete judicial sigue adelante. El Gobernador habla de burla y falta de respeto a la sociedad ¿Y por casa cómo andamos? se publicó primero en OPI Santa Cruz.

Vidal repudió el incremento salarial que se fijó el Tribunal Superior de Justicia El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal repudió este martes el incremento salarial que fijó el Tribunal Superior de Justicia desde enero a octubre del 2026, cuya recomposición mensual prevé subas superiores a la inflación proyectada para todo el año. Vidal utilizó las redes sociales para rechazar la medida al sostener: “$24.000.000. Eso es lo […] La entrada Vidal repudió el incremento salarial que se fijó el Tribunal Superior de Justicia se publicó primero en OPI Santa Cruz.

Me parece un timo, no creo que haya sido el mejor intérprete. Como todos los premios; #tongo ¿Empresarial?
#jueces ¿Seniles o confusos?

Los jueces están usando la IA para descargarse de trabajo, pero la están usando… MAL. @reddit enviado por SAB. Ver post completo: Los jueces están usando la IA para descargarse de trabajo, pero la están usando… MAL.

La ética judicial se convierte en el principal instrumento de reproche a los excesos de los jueces Sus dictámenes no son obligatorios. Tampoco puede imponer sanciones, algo que corresponde exclusivamente a los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial. Pero las resoluciones de la **comisión de ética** del órgano de gobierno de los jueces tienen una especial trascendencia en comportamientos excéntricos y extravagantes de los jueces y magistrados que, cada vez con más frecuencia, generan perplejidad en amplios sectores de la población. **Posicionamientos políticos** –casi siempre de derechas–, **faltas de respeto a autoridades** o participación en **foros, debates y cursos que pueden afectar a la apariencia de imparcialidad** que deben guardar pero que no son castigados –porque se dan en un proceso concreto, en el que el Consejo tiene vedado el acceso, o a por puro corporativismo–, sí son abordados desde este órgano deontológico que responde a las dudas de los miembros de la judicatura. Esa especial trascendencia de sus dictámenes se debe a dos factores. El primero, que la comisión de ética es el único órgano del Consejo no formado por vocales, sino por jueces y magistrados elegidos directamente por sus compañeros que, a su vez, eligen a un catedrático especialista en Filosofía del Derecho, Ética o Filosofía Moral. También porque su encargo es aplicar los Principios de Ética Judicial, un conjunto de valores y reglas de conducta que, entre otras finalidades, **buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia** al hacer explícitos los modelos de comportamiento que los jueces se comprometen a cumplir. Esos principios, además, se basan en textos aprobados en organizaciones internacionales de las que España forma parte, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que velan por los estándares democráticos de sus Estados miembros con sus recomendaciones. **Potenciar la comisión de ética** es una de las propuestas que jueces y exvocales consultados por **infoLibre** proponen para abordar los excesos de los jueces que no pueden o no quieren sancionarse. El Gobierno ha recogido la iniciativa y ha incluido en una de sus reformas judiciales en curso su regulación en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y su ampliación “por su labor fundamental tanto en la interpretación tanto de los principios de independencia, imparcialidad e integridad”, como en valores como “la cortesía, la diligencia y la transparencia”. “La confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en nuestra sociedad”, explica la exposición de motivos de la reforma, incluida en el proyecto que democratizará el acceso a la carrera judicial y fiscal, ya en el Congreso. De sus siete miembros actuales, la comisión pasará a tener nueve, cuatro de los cuales serán catedráticos relacionados con la Ética. **Dos serán elegidos por el Congreso y otros dos por el Senado**. El objeto es dar entrada en el órgano, además de a la visión corporativa que otorgan sus miembros judiciales (que serán elegidos directamente por sus compañeros, como hasta ahora), **al pluralismo político de la sociedad** española que refleja la composición de ambas Cámaras. Desde que echara a andar en 2018, la comisión de ética ha elaborado pronunciamientos de especial relevancia social sobre el comportamiento de nuestros jueces y magistrados. Pese a su falta de obligatoriedad y escaso eco en medios de comunicación, sus dictámenes han sido especialmente valiosos para evaluar, **conforme a principios reconocidos en las democracias más avanzadas del mundo** , conductas como la participación de tres de los magistrados que condenaron al fiscal general del Estado en cursos organizados por el colegio de abogados de Madrid, que era parte acusadora en ese proceso; o la intervención de la jueza decana de Madrid y presidenta de la asociación judicial con mayor número de asociados (la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) en un acto del PP, entre otros. Estos son algunos de sus informes más destacados: El pasado 10 de febrero, la jueza decana de Madrid y presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, participó en el Congreso de los Diputados en un acto organizado por el PP inaugurado por el presidente del partido, **Alberto Núñez Feijóo** , y cerrado por su portavoz parlamentario, **Miguel Tellado**. El encuentro, titulado _Contra la impunidad_ , contó con Del Barco que cargó contra las reformas judiciales planteadas por el Gobierno y el PSOE. Lo hizo pese a que la comisión de ética del Consejo estableció en 2023 que el hecho de que los jueces participen en actos políticos, “aun en su condición de ciudadanos”, afecta a su “apariencia de independencia, integridad e imparcialidad". A lo largo del año otros magistrados han participado en encuentros y jornadas muy marcados ideológicamente. Como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo Antonio García Martínez, que intervinieron en sendos actos de Neos, la fundación ultracatólica del exministro del PP Jaime Mayor Oreja. El magistrado más tuitero de la Audiencia de Madrid, **Luis Sanz (@MagistraThor)** acudió al acto fundacional del _think tank_ Atenea, impulsado por el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y con vocación de buscar criterios y contenidos políticos comunes para todas las formaciones de derechas. En uno de sus dictámenes, aprobado en septiembre de 2023, la comisión de ética judicial **desaconsejó a los jueces acudir a “mítines políticos”** porque constituyen “un acto de propaganda y marketing que los partidos utilizan para difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar estrategias de campaña electoral”. La asistencia a estos actos, según los miembros de la comisión, **“identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”**. “La presencia de un juez o magistrado, aún en su condición de ciudadano, en un mitin, como acto de partido político, implica un riesgo evidente de que pueda ser identificado como tal” añadía el documento, y **lleva “a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político** , lo que es contrario al principio de neutralidad política” que contiene el Código de Ética Judicial. La presencia de un juez en un acto de este tipo, prosigue el dictamen, **“contribuye a la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales".** Fue justo después de que terminara el juicio del año, el que acabó con la condena e inhabilitación del anterior fiscal general del Estado. Tres de los magistrados que apoyaron esa condena –el presidente de la Sala de lo Penal, **Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo** – participaron en un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Esta última entidad fue la primera en denunciar a la Fiscalía en el caso y **actuó como acusación popular** contra su máximo responsable durante toda la instrucción y el posterior juicio en el Supremo. La cercanía a las acusaciones tocó especialmente a Del Moral, que además fue presidente de la comisión de ética del Consejo entre 2022 y 2024. Tras el juicio se conoció que el magistrado **había codirigido la tesis de Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso** , Alberto González Amador, la acusación particular contra Álvaro García Ortiz. **También la de Álvaro Bernad, uno de los abogados del equipo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)** , la acusación popular que reclamó la pena más alta: seis años de cárcel. La comisión de ética no se opone a la participación de los jueces en actividades docentes, una de las pocas que pueden compatibilizar con su función. Pero lleva años avisando de que la participación en cursos, seminarios, mesas redondas y otros actos formativos puede comprometer la apariencia de imparcialidad, una garantía fundamental del proceso que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede conllevar la anulación de una condena, aunque no coincida con una causa concreta de abstención o recusación. “La imparcialidad afecta directamente a los vínculos que pudiera tener el juez con las partes y con el objeto de la decisión”, afirmó en uno de sus dictámenes la comisión de ética en 2019. “No puede desconocerse que **la apariencia de imparcialidad puede verse afectada por la relación y trato que se tenga con los profesionales que intervienen en el proceso** ”, añadía. El dictamen concluía que el juez "debe comprobar si puede verse afectado por un prejuicio o predisposición originado por la intervención del director del departamento y, en caso afirmativo, tratar de superarlo para evitar que tanto en la tramitación del procedimiento como la dirección del juicio y la consiguiente decisión se vean influenciadas por aquel". Sobre el **nombramiento de administradores** concursales –que cobran por su labor–, la comisión advertía de que "puede poner en riesgo la apariencia de imparcialidad e integridad". La comisión también tuvo ocasión de analizar un caso prácticamente idéntico al de los tres magistrados del Supremo, el de un juez que había participado en cursos de seguridad vial y formaciones para la policía local de un municipio a cuya alcaldesa debía juzgar. El organismo concluyó que resultaba evidente que la participación en esos seminarios conculcaba “el principio de imparcialidad que ha de presidir la actuación de juez”. “Aunque aquella vinculación [con el Ayuntamiento] no fuera directa sí lo es al menos indirecta, toda vez que la policía local depende orgánicamente del Ayuntamiento”, afirmaba. **"Daña la confianza en la justicia"** , afirmó de manera rotunda el dictamen. Sus denuncias y querellas suelen tener muy poco recorrido, pero generan gran ruido mediático. Nada más terminar las campanadas de 2025, Abogados Cristianos denunció junto a Hazte Oír a David Broncano y Lalachús por mostrar durante el programa de esa noche una estampita como las de los santos o las vírgenes pero con la vaquilla del Grand Prix. También han actuado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de La Mercè o contra presentadores de TV3 por una parodia sobre la Virgen del Rocío. También contra el humorista Héctor de Miguel, _Quequé_ , por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de Cuelgamuros. En marzo de 2023, la comisión de ética del Consejo analizó la consulta de un juez que quiso formar parte de esa asociación ultracatólica. **“Me planteo la idea de pertenecer a dicha asociación en ejercicio de mi libertad ideológica y de expresión** , defendiendo los principios cristianos desde el mundo del derecho y **dar opiniones al respecto sobre las leyes y el derecho natural** ”, explicaba el magistrado. “Solicito a la comisión que estudie este caso, si se verá afectada mi independencia judicial por el mero hecho de pertenecer a una asociación privada de ideas religiosas cristianas. **¿Es correcto y posible como juez pertenecer a tal asociación?** ”, preguntaba. La respuesta de la comisión fue la obvia: que “es **desaconsejable** desde un punto de vista ético la pertenencia del juez a una asociación entre cuyas actividades o fines figura en un papel significativo la litigación ante los tribunales (…) en tanto que **puede dañar la percepción de imparcialidad del Poder Judicial por parte de la ciudadanía** ”. El dictamen añadía que los miembros de la judicatura deben “guardar equidistancia entre las partes y velar por salvaguardar la percepción de equidistancia” y, con su conducta, “tanto en el proceso como fuera de él, debe reafirmar la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia”.

El Poder Judicial culmina sin sanción más de la mitad de los expedientes a jueces De los 24 procesos abiertos en 2024, 13 fueron archivados y 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, pero el órgano alega que no publica la identidad de los sancionados porque es un dato "sensible" y no lo avala ninguna norma El Poder Judicial abre expediente al juez que acusó a Sánchez de “golpismo” y llamó “Barbigoña” a su mujer El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró sin sanción más de la mitad de los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y magistrados en 2024, último año del que existen datos disponibles. Durante ese ejercicio, el órgano de gobierno de los jueces abrió un total de 24 expedientes, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones. Sin embargo, no es posible saber ni la identidad de los sancionados ni una somera descripción de los hechos que acarrearon las medidas disciplinarias. Fuentes del CGPJ sostienen que no procede publicar su identidad porque es un dato “reservado y sensible” y no existe ninguna norma que dé cobertura a su difusión. La ley del Poder Judicial establece que las sanciones se anotan en el expediente personal de cada juez, pero no prevé ningún tipo de publicidad al respecto. Esta misma norma contempla la cancelación de las anotaciones en un plazo determinado —que varía en función de la gravedad de la falta apreciada— y establece que esa cancelación “borrará el antecedente a todos los efectos”. La sanción más grave impuesta en 2024 fue la suspensión de funciones durante un año en un caso considerado muy grave de “desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas”, según el artículo 417.9 de la ley del Poder Judicial. La Fiscalía pidió en ese caso una sanción superior, de un año y medio, pero la Comisión Disciplinaria acordó que fuera de 12 meses. Por ese mismo artículo fueron castigados con la suspensión de empleo y sueldo otros tres miembros de la carrera judicial, que fueron sancionados a cinco meses, cuatro meses y un mes, respectivamente. Además, hubo otras cinco sanciones consideradas graves que derivaron en multas económicas de entre 3.000 y 600 euros, en función de los hechos analizados. Cuatro lo fueron también por retrasos injustificados y una por incumplir la obligación de elaborar una relación de asuntos pendientes cuando se cambia de destino. Asimismo, se registraron otras dos sanciones leves que se sustanciaron con multas económicas. Una por el incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, que fue multada con 400 euros. Y otra por desatención o desconsideración con los ciudadanos o con el personal del juzgado, que acarreó una multa de 300 euros. Respecto a los 13 expedientes archivados, cinco de ellos lo fueron porque no se acreditó que los hechos analizados tuvieran una responsabilidad disciplinaria. En otros cuatro casos, el archivo se produjo porque el expediente se había abierto contra jueces sustitutos y, en el momento de resolución, que suele ser meses después de que se inicie el procedimiento, ya no formaban parte de la bolsa. También hubo archivos por prescripción o por el hecho de que el juez investigado ya había perdido su condición de miembro de la carrera judicial o se encontraba aquejado de una enfermedad. La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Comisión Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024.  ## Expedientes sin sanción Uno de esos expedientes que acabaron sin sanción en 2024 fue el abierto al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó en sus redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. El argumento fue que no se había podido acreditar que hubieran invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en su perfil de Twitter y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. Este juez se enfrenta ahora a la apertura de otro expediente por nuevos comentarios en sus redes en los que acusó a Sánchez de “golpismo” y llamó “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez. Los votos de los vocales progresistas y de la presidenta Isabel Perelló obligaron el pasado octubre al Promotor a abrir un expediente a este magistrado. La mayoría de la Comisión Permanente rechazó su pretensión de archivar de plano la investigación abierta y no abrirle un expediente. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y que era la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión al órgano competente —la Comisión Disciplinaria— para que se pronuncie. Todavía no hay decisión al respecto. Una situación similar se dio el pasado octubre con el juez Eloy Velasco. De nuevo los vocales progresistas y la presidenta Perelló instaron al Promotor a abrirle un expediente por sus descalificaciones a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. Ese expediente también está pendiente de resolución. ## Las diligencias contra el juez Peinado En un estadio anterior se encuentra la investigación abierta al juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a la mujer del presidente del Gobierno. En este caso, la queja partió del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que denunció que el juez había actuado de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El Promotor acordó el pasado junio abrir una diligencia informativa contra el magistrado, un paso casi automático cuando se recibe una denuncia. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados, que incluye la petición de informes a órganos judiciales. La diligencia informativa funciona como un filtro de seguridad: una fase preliminar que permite separar las quejas infundadas o sobre cuestiones puramente judiciales de aquellas conductas que realmente requieren un castigo disciplinario. De hecho, la mayoría de esas diligencias informativas se acaban archivando. En 2024, el promotor dictó 362 acuerdos de archivo y solo abrió 24 expedientes disciplinarios, de los que únicamente los 11 citados acabaron en sanción. En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa fue de 97 días. De abrirse expediente, la media de resolución está cercana a los 200 días. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de expediente, pueda llegar a concluirse.

Así fue la conversación de Feijóo y Mazón el día de la dana: “Se está jodiendo cada minuto” En el intercambio de mensajes de WhatsApp el líder popular alentó al ‘president’ y le preguntó por el Gobierno central

#BuenosDías y #FelizViernes ☕️📰

👌 #PSOE y #PP apoyan el discurso del #Rey contra el extremismo y el populismo

💶🇨🇭🇬🇮 La #Sepi autorizó pagos en #Suiza y #Gibraltar de #PlusUltra con fondos públicos

⚖️Los #jueces alertan del colapso con las reformas de #Bolaños 

🗞️temas en las #portadas 👇

Abel Martínez valora designación de nuevos jueces de la SCJ y llama a fortalecer la independencia judicial

robertocavada.com/nacionales/2...

#RobertoCavada #RCNoticias #AbelMartínez #CNM #SCJ #jueces

De estos jueces, estos lodos Algunos jueces se han erigido en actores indeseables de la vida política, poniendo su independencia e imparcialidad al servicio de intereses políticos partidistas con resoluciones que no superan los cánones exigibles de racionalidad, motivación y respeto a la legalidad Los tiempos electorales, en una sociedad democrática normalizada, los marcan las leyes o los acontecimientos políticos. En estos momentos estamos viviendo una anómala intromisión por parte de la judicatura en el calendario electoral, impulsando de forma descarada las apetencias de los partidos políticos que, tras descartar las posibilidades constitucionales que les proporciona la moción de censura, esperan confiados en que determinadas resoluciones judiciales les hagan el trabajo sucio. El punto culminante se ha alcanzado con la condena inaudita del fiscal general del Estado por desmentir una información que le acusaba de haber cometido un delito de prevaricación. Desde hace tiempo la vida política española ha estado jalonada de resoluciones judiciales carentes de fundamentos fácticos y jurídicos que han erosionado las actividades políticas de partidos situados en el espectro de la izquierda, alimentando, con la ayuda de un torrente de medios de comunicación, la posibilidad de la confrontación dialéctica entre opciones ideológicas pluralistas y diferenciadas. Una parte, pero no toda, de la alineación política de un grupo importante de sectores de la judicatura tiene su origen en el sistema de selección de las personas que deciden pasar por la tortura memorística que supone aprenderse contra reloj una serie de temas que se tienen que exponer oralmente en el tiempo tasado de quince minutos. Ocupando su asiento ante el tribunal que va a decidir su futuro, con una jarra de agua a su disposición para que pasen el mal trago o se hidraten entre tema y tema, disponen de quince minutos para examinar los temas que le han tocado en suerte y tomar notas para su exposición, si no deciden retirarse ante la imposibilidad, por su mala suerte, de afrontar con éxito el cante oral de los temas que le han salido al azar. Si consiguen superar los escollos, normalmente después de varios intentos, la tendencia natural del opositor que lo ha conseguido le lleva a disfrutar de un merecido descanso hasta ser destinado a su primera plaza. Es inevitable y muy humano que su horizonte sea llegar al más alto grado dentro de la pirámide judicial. El sistema de selección y promoción, encomendado, en gran parte, al Consejo General del Poder Judicial, fomenta una indeseable politización que le lleva a integrarse en aquellas asociaciones judiciales que están más cercanas a los aledaños del poder. La cuestión no tendría más relevancia si, además de sus legítimas aspiraciones, el joven adquiere la conciencia de que estas no pueden anteponerse a la necesaria independencia e imparcialidad que debe revestir la función de administrar justicia. Algunos jueces se han erigido en actores indeseables de la vida política, poniendo su independencia e imparcialidad al servicio de intereses políticos partidistas con resoluciones que no superan los cánones exigibles de racionalidad, motivación y respeto a la legalidad. Los casos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y de su hermano solo se explican por un activismo político del juez y la jueza que los han tramitado. El del fiscal general del Estado ha estallado con toda su potencia demoledora del Estado de derecho. Esos y otros casos que les han antecedido los he descrito como una especie de golpe judicial permanente que erosiona los pilares de la democracia, que no son otros que la división de poderes. Algunos me han reprochado airadamente que estoy incurriendo en un exceso valorativo que me descalifica. A todos les recomiendo la lectura de la obra de Curzio Malaparte, 'La técnica del golpe de Estado'. Por si les parece una obra tendenciosa, les remito a las alegaciones de la Fiscalía que acusó a los independentistas catalanes sosteniendo que las rebeliones del siglo XXI no necesitan del uso de las armas. Saben que actúan con total impunidad porque los favorecidos por sus injustificadas actuaciones disponen de una maquinaria mediática que les pone a cubierto de cualquier sanción disciplinaria. A los que presumen indebidamente de independencia e imparcialidad les recuerdo los comentarios que se contienen en los _'_ Tratados sobre la organización judicial y la codificación' de Jeremy Bentham, 1843: “La palabra independencia es muy hermosa cuando se aplica al esfuerzo moral de un juez que se resiste a la autoridad y a los empeños de poderosos; pero es necesario no dejarse engañar con esta palabra; porque si se abusa de ella para sacar por consecuencia que un juez debe ser independiente hasta el punto de no tener que dar cuenta de su conducta, de mirar con indiferencia la opinión pública, de considerar su empleo como una propiedad que no puede perder sino por causa de prevaricaciones justificadas, en breve veremos los resultados deplorables en la negligencia de sus obligaciones o en su altanería y el despotismo de sus modales”. Mantener la independencia, sobre todo en los asuntos de fuerte impacto político o económico, es una cuestión que depende de las cualidades personales del juzgador. El valor para mantener el equilibrio ante las críticas e incluso las presiones políticas es fundamental para que se refuerce la confianza de la sociedad en la justicia. Ahora bien, la independencia no significa que puedan actuar al margen de la legalidad. El sometimiento al imperio de la ley es el dique de contención, frente a la arbitrariedad judicial. Los vicios de origen, la indisimulada adscripción política de algunas asociaciones judiciales que proclaman, sin pudor, la ilegitimidad de un Gobierno que cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios elegidos por la soberanía popular y la ostentación por parte de políticos del Partido Popular de su poder para marcar la senda que deben seguir los jueces hasta conseguir derribar al Gobierno e incluso llevar a prisión a su presidente, son los causantes del lodo en el que se ha convertido nuestro panorama político. Se puede todavía revertir el desastre, si las togas recobran sus valores y retornan a los Palacios de Justicia y los políticos se dedican a la noble tarea de proponer proyectos y alternativas para mejorar la vida de los ciudadanos.

Pues si.
Pero yo diría que está cargándose todo el #CódigoPenal la #Constituccion y todas las #normaséticas y #morales de las que parece que la mayoría de los #jueces adolecen

Asociaciones de jueces y fiscales cuestionan la poca base penal de la condena al fiscal general Carabanchel net @carabanchelnet Los colectivos critican la prisa del Supremo para condenar a García Ortiz, y que no se hayan tenido en cuenta los votos particulares de las dos Carabanchel | Noticias | Información | Última Hora | Car...

📌Asociaciones de jueces y fiscales cuestionan la poca base penal de la condena al fiscal general
carabanchel.net/asociaciones...
#Carabanchel #Madrid #VIDEOS #asociaciones #fiscalgeneral #fiscales #jueces #lawfare #sentencia

Un grave problema desde hace 600 años o más ...🤢😪🤧🤧💩😷😷🥶🤥🤬🤬😫😨😡😡🥵🤮😰😰🤕🫨🫨🤷🤦😠😥😥😮 #justicia #españa #judicatura #jueces #opusdei #juezas #espanya #franquismo #fachas

Yo de verdad pensaba que la sentencia iba a ir por otro lado, en plan “como tú, FGE, eres el responsable último de la custodia de los datos personales del confeso pues bla bla bla culpable”.

Pero no, han tirado recto, sin intentar esconderse ni nada.

Vaya #jueces imparciales y de calidad 🙈🫢🙉

Una "acusación infundada": por qué el caso Aznalcóllar es un nuevo fracaso de la jueza Alaya y su "manera de ver las cosas" La absolución de 16 personas, entre ellas funcionarios y técnicas de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar que Alaya reabrió hasta por dos veces, es un nuevo varapalo para la primera instructora del caso de ERE y de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022) La Audiencia de Sevilla absuelve a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar “No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya, conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE, ordenó desde la Sección Séptima de la Audiencia reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo en 2016, al imputar al ex secretario general de Industria de la Junta Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora acusado y por entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta. A una de las juezas más conocidas del país, vieja amiga del magistrado en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996), luego alcalde de la capital hispalense y más tarde ministro del Interior, no le han salido especialmente bien algunas de sus decisiones más mediáticas quizás por su “nueva manera de ver las cosas”, como sugirió el propio fiscal del caso Aznalcóllar, afeándole que reabriera el caso hasta por dos veces cuando el juzgado instructor estaba viendo claro que ahí no había ni truco ni amaño por parte de personal técnico de alta cualificación. En la vista oral, los acusados alegaron derechos “vulnerados” y acusaron a Alaya de “extralimitación” en sus funciones. Sentencia en mano, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un nuevo varapalo para la protagonista de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022). La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este sábado Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una “acusación infundada”, la funcionaria ha sido tajante: “Esa pregunta se le debería de hacer a la magistrada Mercedes Alaya, que es la que ha motivado que nosotros fuéramos a juicio oral después de que la jueza instructora y la Fiscalía consideraran que no existía ningún tipo de delito, ningún tipo de prueba que nos inculpara de todos los delitos que se nos imputaban” (...) Habíamos hecho nuestro trabajo y nos sentaron en un penal“. A su juicio, la sentencia ”pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años“. La sentencia es extensa pero algunas de sus consideraciones son especialmente contundentes: la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”. ## “Teorías sobre conspiración y tramas delictivas” Este ha sido el final, en primera instancia, del denominado caso Aznalcóllar. El caso ERE impulsado por Alaya es el más conocido a nivel nacional, pero no ha sido el único mediático. El ya mencionado Juan Ignacio Zoido presentó en abril de 2009 una denuncia contra el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alarga desde hace más de 15 años y que, aunque amortizado, como presume el PP, sigue vivo: después de que en julio de 2024 el Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves, y el caso se quedara sin trama política aunque con decenas de juicios pendientes por ayudas fraudulentas, la Audiencia de Sevilla llevó el pasado mes de julio a la Justicia europea las sentencias del Constitucional. Pero volvamos a 2009. Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, en 2017, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya. En este mismo caso, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas resultó finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2014 pese a haber sido condenado en 2012. También podemos recordar el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya. En noviembre de 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, que finalmente fueron luego absueltos. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo. La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en marzo de 2018 de apropiación indebida y administración desleal también fue un caso mediático que, desde el punto de vista penal, quedó en nada después de años de procedimiento judicial. A comienzos de 2017, un contundente auto judicial de la jueza María Núñez Bolaños confirmó el archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación en Andalucía. Rechazó, como era de esperar, el recurso de reforma planteado por el PP andaluz pero lo hacía cargando contra su antecesora, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “iniciar causas penales desde la interpretación de informes” a partir de los cuales “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A”. La causa había sido archivada el 11 de octubre de 2016 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Aquello fue la crónica de un carpetazo anunciado, mientras con el caso Aznalcóllar se ha llegado al fin de un proceso y de una absolución anunciada. ## El 'efecto ERE' Alaya también protagonizó el llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones suyas en momentos muy puntuales, principalmente ante las autonómicas de marzo de 2012 (ganadas por el PP de Javier Arenas, si bien PSOE e IU hicieron coalición haciendo presidente a Griñán) y en la campaña electoral de las municipales 2011, con el foco en la política sevillana, de las que salió vencedor el ya citado Juan Ignacio Zoido. En su penúltimo caso mediático, en la primavera de 2023, sí que decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales el juicio por el gasto de dinero público en prostíbulos por parte del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado luego a seis años de cárcel. Mercedes Alaya, en cualquier caso, fue la auténtica pesadilla para la Junta durante sus cuatro años de instrucción de los ERE y el PSOE siempre ha considerado que la instrucción que llevó a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos (aunque luego fue anulada por la Audiencia). A Alaya le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del exconsejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta. Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno de Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales entre sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido.

El pudor de los escándalos Una de las meditaciones decisivas de la política se ha dirigido desde antiguo hacia la **necesidad** y los **peligros** de los **secretos de Estado.** Se convirtió en un eje claro del pensamiento democrático, ya que**el poder del pueblo** exige **transparencia, conocimiento y normas reguladas.** Lo estamos viendo estos días en los debates sobre el **poder judicial** y su independencia. Hay quien piensa que **un poder judicial independiente** es el que puede **hacer lo que le dé la gana,** ya sea por el gremialismo soberbio de los que se consideran más allá del bien o del mal, ya sea por la afición vanidosa de los que quieren convertirse en noticia o ya sea por la militancia en unos intereses políticos determinados. Esa idea de la independencia tiene **poco que ver con la aplicación transparente de unas normas** reguladas por la voluntad popular o con la honestidad profesional que necesita defenderse de cualquier interferencia. La importancia de la Justicia para una democracia se ha demostrado por las repercusiones negativas muy graves de **la sentencia sobre el fiscal general.** Vivimos en una **sociedad del espectáculo,** los presidentes de los Estados Unidos o de Argentina pueden comportarse como histriones en un circo, nos invaden los audios y las imágenes de comportamientos escandalosos, parece que**nada tiene ya importancia** , y, sin embargo, ni siquiera en medio de la desfachatez, la**justicia** de un país democrático puede permitirse una **actitud tan impudorosa.** La transparencia tiene que ver con las aplicaciones democráticas, no con el impudor. Las discusiones vienen de lejos y forman parte de los **principales debates sobre la democracia** desde que fue necesario evaluar la razón de Estado. Maquiavelo sostuvo con convencimiento que**si la patria está en juego** no deben tenerse en cuenta las consideraciones sobre lo justo o lo injusto. **La piedad y la crueldad** debían someterse a los **intereses de un Estado.** Kant fue de los primeros en negarse a supeditar la ética a las razones de Estado. El respeto a los principios morales era indispensable para**mantener una convivencia justa** y una paz duradera en las relaciones internacionales. Ahí se fijó el valor de la transparencia, una idea que ahora se envenena y salta por los aires cuando**el impudor se apodera de la política** y se hacen declaraciones públicas sobre las **intenciones egoístas** sin el más mínimo recato. La sociedad del espectáculo se ha convertido en un circo desquiciado, gracias a que**la información rigurosa es superada** por la comunicación de mentiras, insultos y **desinformaciones** impactantes. Esta dinámica, que Norberto Bobbio estudió en _Democracia y secreto_ (20011), preocupado por las evoluciones de la política italiana, ha llegado a unos extremos vergonzosos. No me atrevo aquí a hacer un análisis en profundidad de lo que está en juego, los intereses, las estrategias y el furor de las plataformas. Pero creo que conviene tener en cuenta dos detalles a la hora de**calibrar las consecuencias de esta dinámica** que hace ahora muy visible aquello que antes necesitaba invisibilizar el poder. Lo primero: el griterío, los excesos de visibilidad, el espectáculo sin pudor, puede ser un**mecanismo de desvío y opacidad** para ocultar aquello que interesa mantener en silencio. Lo segundo: convertido el mundo en un circo, **resulta difícil que el público se tome en serio,** con risas inocentes y lágrimas conmovidas, **un espectáculo.** Y lo primero se mezcla con lo segundo, porque el griterío invita a la ceguera y el impudor empuja al**fanatismo** más que a la conciencia. El **espectáculo** atronador de escándalos **invisibiliza la profundidad** de lo que hay en juego a la hora de discutir sobre la **sanidad pública** y su privatización. Y si alguien protesta con razones serias, pues bienvenido al escándalo, porque todos somos iguales, todos mentimos, todos robamos, y **la política,** esa tarea colectiva que puede fijar una regulación seria sobre los impuestos y las leyes, **no goza ya de ningún prestigio.** Alguien pudo pensar que, en un escandaloso espectáculo sobre las corrupciones del Gobierno y sus comportamientos dictatoriales, entre acusaciones sin pudor y mentiras crispadas, podía colar como **justicia** una**sentencia sin pruebas,** pies ni cabeza. Pero creo que, en esta estrategia,**la sentencia sobre el fiscal general se ha pasado de la raya,** ha sido demasiado transparente. Ha visibilizado más de la cuenta lo que no debería ser visible en este proceso calculado de degradación democrática. **Sin una Justicia honesta, todo lo demás sobra,** en lo visible y en lo invisible, en lo transparente y en la opacidad, en el amor y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe.

Los minutos clave de la dana en los que se frenó “confinar” a la población La exconsejera de Emergencias Salomé Pradas desvela cómo Mazón y su equipo eran conscientes de la gravedad de la situación ya a primera hora de la tarde