La Fiscalía pide al Constitucional anular la condena al ex fiscal general por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales
La Fiscalía ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar anular la condena del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración de la confesión de culpa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. El Ministerio Público sostiene que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz durante la investigación y en la sentencia, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a un proceso justo.
En el recurso, la Fiscalía defiende que García Ortiz se limitó a cumplir su obligación de informar verazmente usando datos ya conocidos, frente a imputaciones falsas difundidas por los medios. Critica la valoración de los testimonios de los periodistas, que se negaron a reconocer al fiscal como fuente y que el Supremo interpretó como indicios de culpabilidad, alegando que se trata de una lectura sesgada y que iría contra el derecho de los informadores a no revelar sus fuentes. También señala que la prueba indiciaria es débil, enumerando explicaciones alternativas razonables, como llamadas breves compatibles con un buzón de voz, y cuestiona que el motivo de la urgencia por obtener los correos fuera desmentir bulos propagados por el entorno de la Comunidad de Madrid y no filtrarlos.
La Fiscalía denuncia además que el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general fue ilegal, indiscriminado y desproporcionado, así como la vulneración del derecho a conocer la acusación, porque la sentencia convirtió la nota de prensa emitida en marzo de 2024 en un delito autónomo sin que se anunciara previamente esa figura jurídica. También arguye que se quebrantó el principio de legalidad, al considerar revelación de datos reservados algo que ya circulaba en los medios, lo que, según el Ministerio Público, desborda el ámbito del Código Penal. El caso mantiene una alta relevancia política y judicial, ya que se cuestiona tanto la corrección de la sentencia como los límites del deber de información del fiscal general frente a la presunción de inocencia y la protección de sus derechos fundamentales.
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